(2005-08-11)
Publicada en el diario Rumbo de México
La explosión de una granada en el cuartel de la policía en Acapulco, la llegada de agentes de élite al puerto, la ejecución de Rubén Robles Catalán el mes pasado, la renuncia de Antonio Nogueda Carvajal y la comisión de varios hechos violentos en el estado de Guerrero son apenas el inicio de una escalada que habrá de profundizarse en los próximos días.
El motivo son la serie de relaciones de la delincuencia organizada con el poder político, los ajustes de cuentas con los anteriores detentadores de la fuerza pública, los nuevos amarres de las mafias con el equipo de Zeferino Torreblanca Galindo y, como era de esperarse, la resistencia de los grupos de interés desplazados.
En esta confrontación están, sin duda, las camarillas encabezadas por los tres últimos gobernadores del estado: Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Heladio Aguirre Rivero y René Juárez Cisneros.
Y cada uno de ellos mueve sus piezas en todos los sectores, incluido el Poder Judicial, con el fin de cobrar facturas y resarcir daños.
Como prueba, me referiré a un acontecimiento suscitado en los primeros días de junio pasado, y que pasó casi de noche a la opinión pública a nivel nacional, cuando acusado de liberar a dos presuntos secuestradores, el juez de primera instancia del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Margarito Ávila Serrano despotricó.
Aseguró haber recibido órdenes del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Raúl Calvo Sánchez, para liberar a los presuntos secuestradores José Virgilio Lucero Ibarra y Víctor Patrón González.
Asimismo, acusó al presidente del Tribunal, como a funcionarios ratificados en el actual gobierno de Torreblanca Galindo (el ex subprocurador Antonio Nogueda Carvajal, el magistrado del TSJE, Julio Lorenzo Jáuregui, y el secretario de Acuerdos del mismo tribunal, Raymundo Casarrubias
Vázquez), de instrumentar una clara persecución en contra del ex priísta Álvaro Leyva Reyes, responsable del homicidio imprudencial de una menor, cuando aparentemente conducía en estado de ebriedad.
El juez Ávila Serrano dice que recibió órdenes tanto de Calvo Sánchez como del ex procurador de Justicia del Estado en el gobierno de René Juárez Cisneros, Jesús Ramírez Guerrero, para elevar la fianza de 200 mil pesos a un millón de pesos.
Leyva Reyes era aspirante a la candidatura del PRI por Tlapa y promotor de la candidatura de Carlos Sánchez Barrios al gobierno de Guerrero por el PRI, a la que finalmente llegó Héctor Astudillo, hombre de Juárez Cisneros.
Álvaro Leyva llegó a decir también: "De sobra sabemos que tener de enemigo a Rubén Figueroa (antiguo patrón de Juárez Cisneros) es firmar nuestra sentencia de muerte, este sujeto no hace otra cosa que matar a los que se oponen a sus ideas... conocemos los riesgos pero estamos dispuestos a jugarnos la vida... rechazaremos rotundamente el dedazo si esa imposición se logra... haremos que el PRI truene"… y tronó.
El otro caso fue que por conducto del juez Ávila Serrano le hicieron un favor al ex gobernador Juárez Cisneros, quien solicitó que se parara la orden de aprehensión en contra de José Luis Torreblanca, ex líder de taxistas y de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en Guerrero, fallecido el año pasado, quien fue acusado por el delito de fraude por "miles de pesos".
Todas estas órdenes las habría dado Raúl Calvo, a petición de René Juárez, para involucrar y cobrar venganza contra el juez con fuertes nexos con Aguirre Rivero y, sobre todo, con el alfil del hoy diputado federal, Manuel Añorve Baños. Asuntos de mafias y poder en Guerrero.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Publicada en el diario Rumbo de México
La explosión de una granada en el cuartel de la policía en Acapulco, la llegada de agentes de élite al puerto, la ejecución de Rubén Robles Catalán el mes pasado, la renuncia de Antonio Nogueda Carvajal y la comisión de varios hechos violentos en el estado de Guerrero son apenas el inicio de una escalada que habrá de profundizarse en los próximos días.
El motivo son la serie de relaciones de la delincuencia organizada con el poder político, los ajustes de cuentas con los anteriores detentadores de la fuerza pública, los nuevos amarres de las mafias con el equipo de Zeferino Torreblanca Galindo y, como era de esperarse, la resistencia de los grupos de interés desplazados.
En esta confrontación están, sin duda, las camarillas encabezadas por los tres últimos gobernadores del estado: Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Heladio Aguirre Rivero y René Juárez Cisneros.
Y cada uno de ellos mueve sus piezas en todos los sectores, incluido el Poder Judicial, con el fin de cobrar facturas y resarcir daños.
Como prueba, me referiré a un acontecimiento suscitado en los primeros días de junio pasado, y que pasó casi de noche a la opinión pública a nivel nacional, cuando acusado de liberar a dos presuntos secuestradores, el juez de primera instancia del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Margarito Ávila Serrano despotricó.
Aseguró haber recibido órdenes del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Raúl Calvo Sánchez, para liberar a los presuntos secuestradores José Virgilio Lucero Ibarra y Víctor Patrón González.
Asimismo, acusó al presidente del Tribunal, como a funcionarios ratificados en el actual gobierno de Torreblanca Galindo (el ex subprocurador Antonio Nogueda Carvajal, el magistrado del TSJE, Julio Lorenzo Jáuregui, y el secretario de Acuerdos del mismo tribunal, Raymundo Casarrubias
Vázquez), de instrumentar una clara persecución en contra del ex priísta Álvaro Leyva Reyes, responsable del homicidio imprudencial de una menor, cuando aparentemente conducía en estado de ebriedad.
El juez Ávila Serrano dice que recibió órdenes tanto de Calvo Sánchez como del ex procurador de Justicia del Estado en el gobierno de René Juárez Cisneros, Jesús Ramírez Guerrero, para elevar la fianza de 200 mil pesos a un millón de pesos.
Leyva Reyes era aspirante a la candidatura del PRI por Tlapa y promotor de la candidatura de Carlos Sánchez Barrios al gobierno de Guerrero por el PRI, a la que finalmente llegó Héctor Astudillo, hombre de Juárez Cisneros.
Álvaro Leyva llegó a decir también: "De sobra sabemos que tener de enemigo a Rubén Figueroa (antiguo patrón de Juárez Cisneros) es firmar nuestra sentencia de muerte, este sujeto no hace otra cosa que matar a los que se oponen a sus ideas... conocemos los riesgos pero estamos dispuestos a jugarnos la vida... rechazaremos rotundamente el dedazo si esa imposición se logra... haremos que el PRI truene"… y tronó.
El otro caso fue que por conducto del juez Ávila Serrano le hicieron un favor al ex gobernador Juárez Cisneros, quien solicitó que se parara la orden de aprehensión en contra de José Luis Torreblanca, ex líder de taxistas y de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en Guerrero, fallecido el año pasado, quien fue acusado por el delito de fraude por "miles de pesos".
Todas estas órdenes las habría dado Raúl Calvo, a petición de René Juárez, para involucrar y cobrar venganza contra el juez con fuertes nexos con Aguirre Rivero y, sobre todo, con el alfil del hoy diputado federal, Manuel Añorve Baños. Asuntos de mafias y poder en Guerrero.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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