(2005-07-29)
Publicada en Rumbo de México
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Quizá sea una señal de sensibilidad política. O tal vez una forma de sacudirse la serie de compromisos contraídos con los caciques priístas para poder llegar a la gubernatura de Guerrero. O porque pretende evitar que Guerrero se le convierta en un campo de batalla con los grupos guerrilleros, como en los albores de la década de los setenta.
El caso es que Zeferino Torreblanca Galindo comenzó a realizar ajustes en su gabinete, ante las severas críticas de los grupos sociales y políticos opositores al PRI, incluidos perredistas.
El pasado viernes 22 escribimos en este espacio que al gobernador se le estaba incendiando la pradera porque en lugar de mitigar los reclamos sociales, estos se acrecentaron por la permanencia en su gabinete de seguridad, de conocidos represores de los movimientos sociales y políticos vinculados con el figueroísmo.
En uno de los párrafos nos referimos a la ratificación del subprocurador de procedimientos penales, Antonio Nogueda Carvajal, como uno de los puntos del descontento.
Como respuesta a las críticas de los afectados, Nogueda “renunció” el siguiente lunes, con el objetivo, dijo, de evitar que su permanencia empañe la administración de Torreblanca. Más evidencia de que se le ordenó dejar la plaza, es inútil.
Sobre todo porque el gobernador perredista y su equipo de seguridad recibieron un aviso la primera semana de julio con la ejecución de José Rubén Robles Catalán, integrante también del equipo vinculado con la represión en el estado.
Nogueda es acusado de la desaparición forzada del ex dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), José Ramón García Gómez, ocurrida en Cuautla, Morelos, en diciembre de 1988, además de otros perredistas morelenses.
En Guerrero lo acusan de tener vínculos y proteger a grupos de delincuencia organizada, como robacoches, asaltantes y secuestradores.
Las organizaciones sociales dicen que la simple renuncia no es suficiente porque los daños causados no los pagará. Exigen, se le sigan las dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pendientes desde 1991 y 1992.
Pero, sobre todo, reclaman la salida del secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, y del titular de la Policía Ministerial, Arnulfo Jacobo Luviano, también por sus antecedentes de violaciones a los derechos humanos.
Quizá Torreblanca pretenda apaciguar los ánimos con la salida de Nogueda. Pero deberá amarrar por un rato al resto de sus policías, si quiere que los movimientos sociales se den por bien servidos con la renuncia de Nogueda.
Plumazos
También lo adelantamos aquí el pasado día 11. Y el miércoles la titular del Quinto Tribunal Unitario, magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, negó órdenes de aprehensión contra Luis Echeverría y Mario Moya. Estos se suman a René Bejarano, el ex cmisionado de la PFP, capitán Faustino Ruiz Taviel y otros 25 que la magistrado ha dejado en libertad en los últimos tres meses… Samuel Ramos Flores, presidente municipal de Mexicali, tomó posesión como dirigente nacional de la Asociación de Alcaldes Fronterizos del norte del país, luego de una reunión de 3 dias, en la que participaron ediles de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. En la reunión, afirman, se acordaron medidas fundamentales para mejorar la calidad de vida en la zona fronteriza del país.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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