Incendio en la pradera guerrerense

(2005-07-22)
Publicada en el diario Rumbo de México

Cuando todo mundo pensó que la llegada de Zeferino Torreblanca al palacio de gobierno de Chilpancingo mitigaría los reclamos sociales de buena parte de guerrerenses, al perredista que logró derribar el dique del PRI y el cacicazgo de los Figueroa, se le ha comenzado a incendiar la pradera.
El descontento de diversas fuerzas opositoras a los regímenes priistas —que en algún modo crearon alianzas formales e informales con el nuevo gobernador—, crece porque Torreblanca no se deslindó de sus antecesores, sino que, por el contrario, en los cuerpos encargados de la seguridad del estado mantiene a personajes que han sido la viva imagen de la antiquísima represión en Guerrero.

Por ejemplo, Rey Hilario Serrano es actual director de Gobernación del Estado, cargo que ocupó con René Juárez Cisneros; lo mismo que Rafael Cortés Badillo, agente del Ministerio Público Militar con Juárez Cisneros y hoy subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana.
O la ratificación del subprocurador de procedimientos penales, Antonio Nogueda Carvajal, o el actual Secretario de Seguridad Pública en el estado, un general retirado, Heriberto Salinas Altés.
Daniel Máñez Campos se mantiene como coordinador de la Policía Ministerial en la Región Acapulco, además de otros funcionarios que fueron ascendidos como Tomás Herrera Basurto, Trinidad Zamora Rojo, Crescencio Pineda Damián, Emiliano Portillo Lagunas, Humberto Velásquez Delgado, Alfredo Camacho Millán, Ezequiel Mondragón Palacios, Javier Bello Orbe, Víctor Parra Catalán y Epifanio Hernández Vélez.
La mayoría de estos últimos, con averiguaciones previas en su contra o recomendaciones de organismos de derechos humanos, o el caso de Hernández Vélez, quien es acusado de la desaparición de 400 campesinos en la época de la represión a la guerrilla de Lucio Cabañas.
Tras la ejecución de José Rubén Robles Catalán, quien fuera secretario General de Gobierno en la administración de Rubén Figueroa y considerado como uno de los responsables de la matanza en el vado de Aguas Blancas, el pasado 6 de julio, el gobierno perredista de Torreblanca asoció la acción violenta con el crimen organizado, no con los grupos sociales organizados que se consideran burlados.
Empero, un grupo autodenominado Comando Popular Revolucionario La Patria es primero, reivindicó el atentado y advirtió con ejecutar al resto de los responsables de la matanza del 28 de junio de 1995, a quienes Zeferino Torreblanca ha brindado protección.
Ante esto, el también autodenominado Comando Jaramillista Morelense 23 de mayo, en su comunicado número 8 del 19 de julio, se declaró en estado de alerta frente a la cacería de brujas que los servicios de inteligencia, tanto militares como policíacos han iniciado contra luchadores sociales y organizaciones democráticas, pues afirman que el gobernador de Guerrero “ha decidido enfocar sus baterías contra el movimiento social y contra el movimiento armado revolucionario, aunque discursivamente pretenda orientar su acción contra el crimen organizado”.
E incluso, sugieren que se reservan el derecho “de replicar violentamente la escalada represiva gubernamental contra el pueblo y el movimiento social guerrerense”.
Tras la ejecución de Robles Catalán, las cosas en Guerrero no están nada tranquilas. Y la popularidad de Torreblanca va a comenzar a tener merma entre los movimientos sociales, no así entre los sectores de poder económico.

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