Ley de Responsabilidad Patrimonial

(2005-07-14)
Publicada en el diario Rumbo de México

Dicen sus hermanos que Joaquín Romero Aparicio es un profesionista honesto, trabajador y tiene una compañía constructora desde hace 20 años. Por su labor como arquitecto en el área de aeropuertos recibió el Laurel de Oro México-España. De él sólo sabían en el ámbito de los negocios relacionados con la arquitectura, sus amigos y familiares.
Pero "alguien" llamó a la PGR, deslizó su nombre, la marca y modelo del automóvil blindado donde se transportaba, a la vez de identificar las placas y el lugar donde se encontraría en determinado momento. Así fue como se llevó a efecto su detención en Perisur.
De risa loca resulta que las investigaciones en México se realicen de esa forma. Por eso mismo hay alrededor de 100 arraigados inconstitucionalmente por la SIEDO —dirigida por José Luis Santiago Vasconcelos— en el Centro Nacional de Arraigos, antes Hotel Central.
Lo grave del caso fue que en un momento álgido por las críticas a la Presidencia de la República, el mendaz vocero Rubén Aguilar Valenzuela anunció, para desviar la atención: “El pasado sábado la AFI detuvo a Joaquín Romero Aparicio y existen datos de que se trata de Vicente Carrillo Fuentes”.
Así, sin más, y contraviniendo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, quienes no pueden dar a conocer información de una investigación en curso porque se hacen acreedores a sanciones administrativas y posiblemente penales, el vocero manchó una carrera.
Para días después, frente a los indicios del equívoco, el despistado vocero presidencial decir: “Si hay necesidad de pedir disculpas, se hará”. Tan mal anda Aguilar Valenzuela en el dominio del lenguaje, que en lugar de ofrecer disculpas al afectado, a su parecer, éste debería darlas.
En fin. El caso es que a pesar de no haber recibido disculpas, Romero Aparicio está en posibilidad de utilizar en su favor la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, aprobada el 14 de diciembre de 2004 y en vigor desde el primer día de este año.
Esta ley, una de las pocas cosas buenas que ha hecho el presidente Vicente Fox, evita que el afectado vaya a un juicio civil y ahora el conflicto tendrá que ser finiquitado con carácter de administrativo. Es decir, el peso de la administración pública, que es muy grande por el poder que tiene, ya no será determinante en los juzgados.
Es una lástima que ningún estado de la República haya retomado esta ley reglamentaria del párrafo segundo del artículo 113 constitucional, que a la letra dice: “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causa en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
En este caso existe daño moral difícilmente cuantificable (la ley dice que no excederá del equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal), pero Romero Aparicio también fue encarcelado.
Como consecuencia de este atropello, quizá los socios pudieron retirarse, le quitaron presuntos negocios o simple y sencillamente puede cuantificar el costo de los abogados, traslados y demás, que deberán ser pagados inicialmente por el Estado y, posteriormente, la ley prevé que en estos casos el Estado vaya en contra de los funcionarios en su patrimonio para resarcir el daño, amén de las sanciones penales a que haya lugar.
Un antecedente de responsabilidad patrimonial es el pago de 800 millones de pesos realizado a Vicente Lombardo Toledano Silva Lombardo, por el asunto de la ex hacienda de Ayapango, ubicada en el municipio de Tenango del Aire, en el estado de México, que fue asegurada indebidamente y su propietario acusado de piratería, contrabando y otros, cuando fue subdirector de Conacine.
En el aseguramiento hubo pérdidas millonarias de equipo de cine, vestuario, incluyendo una armadura de Samurai, que fue lo que se valuó más alto. En dos años de aseguramiento los policías también agotaron los borregos de la hacienda. Siendo procurador Jorge Carpizo, le pagaron a Silva Lombardo por responsabilidad solidaria del Estado.
Es el momento de parar estos atropellos de funcionarios con poder y si cometen abusos de poder, que también paguen por ello.

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