(2005-06-15)
Publicado en el diario Rumbo de México
Publicado en el diario Rumbo de México
Acostumbrados al escándalo y a las acciones irreflexivas que casi siempre los meten en problemas, los perredistas anunciaron días atrás que enderezarán una denuncia de hechos contra Santiago Creel, por rebasar los topes de campaña cuando fue candidato a la Jefatura de Gobierno del DF, en 2000.
Pretenden revivir un asunto donde el Tribunal Electoral del Distrito Federal les negó todo interés jurídico y que pronto les definirá la siguiente instancia, el Tribunal Federal. Hasta ahí están bien, al luchar porque aquel acto presuntamente delictivo no quede impune.
Sin embargo, ahora intentan utilizar el poder que tienen en la Procuraduría capitalina, sin pasar por las instancias electorales, para “hacerse justicia” por cuenta propia de un presunto delito que no les es nada ajeno.
Y ante esto sorprende la belicosidad de Juan González, representante del PRD en el Instituto Electoral local, porque él, antes que ningún otro, sabe que en los próximos días el órgano colegiado determinará e impondrá las sanciones correspondientes a quienes rebasaron los gastos de campaña en la elección de 2003.
Y entre quienes rebasaron los gastos se encuentran 14 perredistas, dos de ellos candidatos a diputados, y el resto a Jefes Delegacionales.
Es decir, que mientras los perredistas pretenden anular los derechos políticos de Santiago Creel a la fuerza, más allá de la ineficiente labor del Consejo General del IEDF, este instituto estará en la posibilidad legal de suprimir la posibilidad de participación político-electoral de los actuales jefes delegacionales Leticia Robles Colín (Álvaro Obregón), Laura Velásquez Alzúa (Azcapotzalco), Miguel Bortolini Castillo (Coyoacán), Virginia Jaramillo Flores (Cuauhtémoc), Víctor Hugo Círigo Vásquez (Iztapalapa), Fátima Mena Ortega (Tláhuac), Ruth Zavaleta Salgado (Venustiano Carranza), Faustino Soto Ramos (Xochimilco) y Héctor Chávez López (Magdalena Contreras).
Además de ellos, porque también rebasaron los gastos de campaña, están en la misma situación Carlos Ímaz Gispert, que debió renunciar en Tlalpan por el asunto de los videoescándalos, lo mismo que Octavio Flores Millán (Gustavo A. Madero) por su relación con Carlos Ahumada. A ellos se unen Agustín Barrios Gómez que compitió por Miguel Hidalgo, Alejandro Sánchez Camacho que lo hizo por Milpa Alta y Lenia Batres Guadarrama en Benito Juárez.
Además de Rodolfo R. Covarrubias y Efraín Morales Sánchez, quienes hicieron campaña política en elecciones distritales.
Representantes del PAN rebasaron los topes en cuatro candidaturas a jefes delegacionales. El PRI en cinco para diputados y el Verde en tres demarcaciones y cinco de diputados.
A todos ellos les fue acreditado el rebase de gastos de campaña, por lo cual si a fines de este mes el IEDF decide sancionarlos, seguramente todos ellos impugnarán ante el TEDF, proceso que se llevará de tres a cuatro meses en ser resuelto; y como habrá a quienes seguramente el órgano confirmará la sanción, se irán al Tribunal Electoral Federal como última instancia, donde también se llevarán entre tres y cuatro meses para dar un veredicto final, lapso en el que se agotará el término para que los aspirantes a algún otro puesto de elección popular se puedan inscribir.
Por este motivo sorprende la irreflexiva belicosidad perredista, cuando como Creel, también tienen los trastos sucios.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Pretenden revivir un asunto donde el Tribunal Electoral del Distrito Federal les negó todo interés jurídico y que pronto les definirá la siguiente instancia, el Tribunal Federal. Hasta ahí están bien, al luchar porque aquel acto presuntamente delictivo no quede impune.
Sin embargo, ahora intentan utilizar el poder que tienen en la Procuraduría capitalina, sin pasar por las instancias electorales, para “hacerse justicia” por cuenta propia de un presunto delito que no les es nada ajeno.
Y ante esto sorprende la belicosidad de Juan González, representante del PRD en el Instituto Electoral local, porque él, antes que ningún otro, sabe que en los próximos días el órgano colegiado determinará e impondrá las sanciones correspondientes a quienes rebasaron los gastos de campaña en la elección de 2003.
Y entre quienes rebasaron los gastos se encuentran 14 perredistas, dos de ellos candidatos a diputados, y el resto a Jefes Delegacionales.
Es decir, que mientras los perredistas pretenden anular los derechos políticos de Santiago Creel a la fuerza, más allá de la ineficiente labor del Consejo General del IEDF, este instituto estará en la posibilidad legal de suprimir la posibilidad de participación político-electoral de los actuales jefes delegacionales Leticia Robles Colín (Álvaro Obregón), Laura Velásquez Alzúa (Azcapotzalco), Miguel Bortolini Castillo (Coyoacán), Virginia Jaramillo Flores (Cuauhtémoc), Víctor Hugo Círigo Vásquez (Iztapalapa), Fátima Mena Ortega (Tláhuac), Ruth Zavaleta Salgado (Venustiano Carranza), Faustino Soto Ramos (Xochimilco) y Héctor Chávez López (Magdalena Contreras).
Además de ellos, porque también rebasaron los gastos de campaña, están en la misma situación Carlos Ímaz Gispert, que debió renunciar en Tlalpan por el asunto de los videoescándalos, lo mismo que Octavio Flores Millán (Gustavo A. Madero) por su relación con Carlos Ahumada. A ellos se unen Agustín Barrios Gómez que compitió por Miguel Hidalgo, Alejandro Sánchez Camacho que lo hizo por Milpa Alta y Lenia Batres Guadarrama en Benito Juárez.
Además de Rodolfo R. Covarrubias y Efraín Morales Sánchez, quienes hicieron campaña política en elecciones distritales.
Representantes del PAN rebasaron los topes en cuatro candidaturas a jefes delegacionales. El PRI en cinco para diputados y el Verde en tres demarcaciones y cinco de diputados.
A todos ellos les fue acreditado el rebase de gastos de campaña, por lo cual si a fines de este mes el IEDF decide sancionarlos, seguramente todos ellos impugnarán ante el TEDF, proceso que se llevará de tres a cuatro meses en ser resuelto; y como habrá a quienes seguramente el órgano confirmará la sanción, se irán al Tribunal Electoral Federal como última instancia, donde también se llevarán entre tres y cuatro meses para dar un veredicto final, lapso en el que se agotará el término para que los aspirantes a algún otro puesto de elección popular se puedan inscribir.
Por este motivo sorprende la irreflexiva belicosidad perredista, cuando como Creel, también tienen los trastos sucios.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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