Fin a despropósito perredista

(2005-06-22)
Publicada en el diario Rumbo de México

Obligadas por una maniobra de carácter político para ganar, o por lo menos no perder espacios de poder dentro del propio PRD frente a la bejaranista Izquierda Democrática Nacional, las tribus Nueva Izquierda y Unidad y Renovación determinaron acabar con uno de los mayores despropósitos por ellas mismas secundado.
De esta forma, en un lapso no mayor de dos semanas convocarán a un periodo extraordinario con el fin de aplazar las elecciones vecinales anunciadas para septiembre-octubre próximo y dar tiempo para un nuevo proceso de discusión, donde sean salvadas las inconsistencias, deficiencias e insuficiencias de la Ley de Participación Ciudadana aprobada en marzo anterior.
De esta forma, también, los asambleístas salvarán un poco su reputación porque lo aprobado fue un disparate tal, que ayer el Instituto Electoral del Distrito Federal trabajaba sobre una convocatoria que salvaguardara todas las barbaridades y omisiones a la ley.
El primer borrador para lanzar la convocatoria antes del 20 de julio, alcanzó una extensión de alrededor de 21 cuartillas. Es decir, que en la práctica el IEDF se ha convertido también en colegislador por la incapacidad, ineficacia e ineficiencia de los diputados locales perredistas, autores de la ley.
Algunas de las inconsistencias encontradas por los consejeros electorales y su equipo de asesores son de primer año, como por ejemplo, que al ubicar el porcentaje mínimo de electores para llevar a efecto las asambleas electivas, en 0.5 por ciento del listado nominal, hay Unidades Territoriales en las cuales sólo 1.3 ciudadanos o 2.4 podrán elegir a sus comités.
El absurdo, sin embargo, llegó a su máxima expresión cuando la ley dictaminada en la Comisión de Participación Ciudadana que encabeza Aleida Alavez, destaca que una segunda convocatoria de asamblea electiva no podrá constituirse con menos votantes que el número de integrantes del Comité Ciudadano, es decir, nueve.
Haga usted favor. Para una primera convocatoria se necesitarán en algunos casos sólo dos electores. Pero en el caso de que no lleguen esos dos, en una segunda convocatoria, para el mismo caso que es la elección de Comité Ciudadano, se necesitarán nueve electores.
Y ya ni qué decir del artículo 77 de la Ley, donde dispone que “la Asamblea Ciudadana podrá decidir el uso de los recursos públicos destinados por el Gobierno del Distrito Federal y el órgano político de la demarcación correspondiente a programas específico, cuyas reglas de operación así lo establezcan”.
Es decir, que a pesar de la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días pasados, habrá un cuarto nivel de gobierno. En otras palabras, que un Jefe Delegacional de oposición podría ser atado de manos para decidir hacia qué programas dirigir los recursos porque la Asamblea Ciudadana le mandatará cómo y dónde hacerlo.
Y ya ni qué decir de la deficiente técnica legislativa de la Ley, cuando incluye una cantidad importante de errores ortográficos.
Y todo esto pasa porque la mayoría de los diputados del PRD contrata a sus asesores a medio sueldo o un tercio de él. Sí, así como lo lee. Los diputados se quedan con el 50 y hasta el 67 por ciento del salario de sus asesores, quienes por lo mismo también hacen como que trabajan y crean estos despropósitos jurídicos.

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