Narcoguerra

Publicada en el diario Rumbo de México

Cuando las propias autoridades deben dar seguridad a sus ciudadanos, son ellas mismas las que propician las más serias dudas sobre hechos tan lamentables como el helicopterazo en el que fallecieron el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, el comisionado de la Policía Federal Preventiva, Tomás Valencia Ángeles, y otras siete personas la semana pasada.
El burdo apresuramiento para dar a conocer las causas del percance ha propiciado que la gente deje de creer en la posibilidad única de un accidente. Lo mismo que cuando la PGR de Jorge Carpizo y su versión del Nintendo impusieron la teoría de la confusión en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; o cuando al magnicidio de Luis Donaldo Colosio y a pesar de las contradicciones y evidencias mantuvieron la hipótesis del asesino solitario; o como a la muerte de José Francisco Ruiz Massieu, cuando “sacrificaron” a Manuel Muñoz Rocha para evitar cualquier cabo que amarrara la historia real.
En el helicopterazo de la semana pasada caben muchas preguntas desde las primeras horas del hecho:
1.- ¿Por qué la aeronave estuvo en calidad de “desaparecida” durante cerca de siete horas antes de que se confirmara su caída?
2.- ¿Por qué hubo quienes se interesaron en ocultar que varios de los funcionarios fallecidos habían sido amenazados de muerte por el líder del narcotráfico, Osiel Cárdenas?
3.- ¿Por qué estos altos funcionarios viajaron en un aparato sin las medidas de seguridad que su rango ameritaba?
4.- ¿Por qué han sido asesinados jefes policiacos como Alejandro Domínguez Coello de Nuevo Laredo; Julio Carlos López Soto del estado de Guerrero; Rogelio Zarazúa Ortega y su esposa María Guadalupe Sánchez del estado de Michoacán; José de Jesús Bedoya Garibaldi de Tijuana o Pedro Madrigal Trejo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México?
Ante tantas dudas, las especulaciones de que el narcotráfico ha invadido las esferas de los órganos de seguridad, y que desde el mismo hangar desde donde salió el aparato pudo haberse saboteado el vuelo, parecen ser ciertas.
De forma preocupante el narcotráfico se está apoderando de varias aristas de la vida nacional, tanto en la economía, las finanzas y los aparatos de procuración y administración de justicia.
Incluso, ha llegado a esferas muy cercanas al poder presidencial —recordemos el caso de Nahum Acosta Lugo— y existen muchas posibilidades de que apueste desde ahora —si no es que ya lo hizo en elecciones anteriores como se ha publicado en diversas ocasiones— a quien podría ser el próximo Presidente de México.
En días recientes la Suprema Corte de Justicia tomó decisiones muy claras sobre la posibilidad de que los narcotraficantes puedan ser extraditados del país. Y esta decisión podría convertirse en el inicio o la agudización de esta narcoguerra emprendida por los capos del narcotráfico en contra de los aparatos de seguridad, como en la década de los ochenta lo hiciera en Colombia aquel célebre delincuente que incluso llegó a ocupar un escaño en el Congreso, Pablo Escobar Gaviria.
Ante esta situación de incipiente narcoguerra, las actitudes de las autoridades por ocultar lo que ya es evidente, no sólo ayudan a que la ciudadanía desconfíe de sus gobernantes, sino que dejen de darle su respaldo para poder emprender una lucha mayor a lo que ha sido, hasta el momento, el programa México Seguro.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx