Publicada en el diario Rumbo de México
El ex ombudsman de la ciudad de México, Luis de la Barreda Solórzano, se había mantenido a la expectativa frente a las acusaciones que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto enderezó contra su padre Luis de la Barreda Moreno.
Pero ayer decidió salir a la escena pública y contraatacar al titular de la fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, quien se ha distinguido por mentir a la opinión pública.
De la Barreda Solórzano presentó ayer una denuncia ante la PGR contra Carrillo Prieto, acusándolo de crear falsas acusaciones contra su progenitor. Entregó documentación donde, afirma, su padre no era titular de la Dirección Federal de Seguridad durante los hechos del 2 de octubre, además de documentar que De la Barreda Moreno estuvo internado en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre de 1968.
Ayer describimos en este espacio que Carrillo Prieto denunció una persecución, cuando lo que quiso hacer fue curarse en salud del revés que le daría el Juez Décimo Quinto de Distrito, Ranulfo Castillo, en su último intento por obtener una orden de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría.
Además de que, efectivamente, lo investigan por malversación de recursos de la Fiscalía. Además de que le entregaron 30 millones de pesos sin necesidad de comprobar, para el pago a informantes, de que tiene trabajando ahí a su hermano Carlos y de que en el registro de profesiones de la SEP no se encuentra su doctorado.
Hoy quiero recordar el siguiente párrafo de la columna Estrictamente Personal, de Raymundo Rivapalacio, que fue escrita en El Universal Gráfico el pasado 16 de septiembre: “El apoyo a Creel (por parte de Elba Esther Gordillo) no es sólo por Fox y Sahagún. Cuando la fiscalía que investiga los delitos de la guerra sucia inició una averiguación contra Gordillo por el asesinato del líder magisterial Misael Núñez, y de enriquecimiento inexplicable, el entonces secretario de Gobernación habló con el fiscal Ignacio Carrillo Prieto para pedirle que eliminaran por completo todo aquello referido al enriquecimiento de la maestra. Asunto arreglado. El cuestionario de más de 120 preguntas fue rasurado en todas sus partes sobre los dineros habidos en forma irregular, por lo que la averiguación quedó trunca, contradictoria y, sobre todo, incompleta. Creel recompensó a la fiscalía de Carrillo Prieto y le envió, fuera de los conductos oficiales, 200 millones de pesos adicionales para su presupuesto”.
Es decir, 200 millones de pesos que seguramente fueron a parar a los bolsillos del fiscal Carrillo Prieto.
De la Barreda Solórzano dijo ayer que las pruebas por él presentadas “demuestran que el fiscal, una vez más, en lugar de hacer una investigación como debe hacer el Ministerio Público, imparcial, objetiva y rigurosa está creando falsas acusaciones, está creando chivos expiatorios y me parece que esto no se puede permitir en un Estado de derecho”.
Personal que trabaja en la Fiscalía comentó a este escribidor hace algunos meses que precisamente cuando estaban terminando de integrar la averiguación previa sobre el asunto del 2 de octubre, a duras penas contaban con elementos para consignar a unos siete u ocho presuntos responsables, pero en una de esas a Carrillo se le ocurrió decir a la prensa que tenían como a 24 indiciados, y los obligó a prácticamente fabricar culpables.
En cambio, dio instrucciones para que no se tocara o se presentaran pruebas débiles en contra del ex procurador Julio Sánchez Vargas, porque había sido maestro del entonces procurador Rafael Marcial Macedo de la Concha. De este tamaño están las cosas en esa Fiscalía, comúnmente llamada “de la Guerra Sucia”.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
El ex ombudsman de la ciudad de México, Luis de la Barreda Solórzano, se había mantenido a la expectativa frente a las acusaciones que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto enderezó contra su padre Luis de la Barreda Moreno.
Pero ayer decidió salir a la escena pública y contraatacar al titular de la fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, quien se ha distinguido por mentir a la opinión pública.
De la Barreda Solórzano presentó ayer una denuncia ante la PGR contra Carrillo Prieto, acusándolo de crear falsas acusaciones contra su progenitor. Entregó documentación donde, afirma, su padre no era titular de la Dirección Federal de Seguridad durante los hechos del 2 de octubre, además de documentar que De la Barreda Moreno estuvo internado en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre de 1968.
Ayer describimos en este espacio que Carrillo Prieto denunció una persecución, cuando lo que quiso hacer fue curarse en salud del revés que le daría el Juez Décimo Quinto de Distrito, Ranulfo Castillo, en su último intento por obtener una orden de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría.
Además de que, efectivamente, lo investigan por malversación de recursos de la Fiscalía. Además de que le entregaron 30 millones de pesos sin necesidad de comprobar, para el pago a informantes, de que tiene trabajando ahí a su hermano Carlos y de que en el registro de profesiones de la SEP no se encuentra su doctorado.
Hoy quiero recordar el siguiente párrafo de la columna Estrictamente Personal, de Raymundo Rivapalacio, que fue escrita en El Universal Gráfico el pasado 16 de septiembre: “El apoyo a Creel (por parte de Elba Esther Gordillo) no es sólo por Fox y Sahagún. Cuando la fiscalía que investiga los delitos de la guerra sucia inició una averiguación contra Gordillo por el asesinato del líder magisterial Misael Núñez, y de enriquecimiento inexplicable, el entonces secretario de Gobernación habló con el fiscal Ignacio Carrillo Prieto para pedirle que eliminaran por completo todo aquello referido al enriquecimiento de la maestra. Asunto arreglado. El cuestionario de más de 120 preguntas fue rasurado en todas sus partes sobre los dineros habidos en forma irregular, por lo que la averiguación quedó trunca, contradictoria y, sobre todo, incompleta. Creel recompensó a la fiscalía de Carrillo Prieto y le envió, fuera de los conductos oficiales, 200 millones de pesos adicionales para su presupuesto”.
Es decir, 200 millones de pesos que seguramente fueron a parar a los bolsillos del fiscal Carrillo Prieto.
De la Barreda Solórzano dijo ayer que las pruebas por él presentadas “demuestran que el fiscal, una vez más, en lugar de hacer una investigación como debe hacer el Ministerio Público, imparcial, objetiva y rigurosa está creando falsas acusaciones, está creando chivos expiatorios y me parece que esto no se puede permitir en un Estado de derecho”.
Personal que trabaja en la Fiscalía comentó a este escribidor hace algunos meses que precisamente cuando estaban terminando de integrar la averiguación previa sobre el asunto del 2 de octubre, a duras penas contaban con elementos para consignar a unos siete u ocho presuntos responsables, pero en una de esas a Carrillo se le ocurrió decir a la prensa que tenían como a 24 indiciados, y los obligó a prácticamente fabricar culpables.
En cambio, dio instrucciones para que no se tocara o se presentaran pruebas débiles en contra del ex procurador Julio Sánchez Vargas, porque había sido maestro del entonces procurador Rafael Marcial Macedo de la Concha. De este tamaño están las cosas en esa Fiscalía, comúnmente llamada “de la Guerra Sucia”.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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