Publicada en el diario Rumbo de México
En una lucha en solitario, el abogado Felipe Mondragón Corella siempre declaró que hubo abandono completo del juicio y negligencia inexplicable en el caso del Paraje San Juan, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Mondragón Corella fue asesor jurídico del GDF en el año 2000, bajo la administración de Rosario Robles, y en agosto de ese año presentó una demanda de incidencia a fin de que no se pagara un centavo por el predio, cuyo reclamo inicial fue de alrededor de 7 mil millones de pesos.
Inexplicablemente, la “nueva administración” con el entonces Secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, y la consejera jurídica, María Estela Ríos González, nada hicieron y, por el contrario, en febrero de 2002 pagaron 31 millones de pesos a otro supuesto propietario del Paraje San Juan, Francisco Arteaga Aldana.
Nada cambió desde que Mondragón Corella dio a conocer que el gobierno de la ciudad no debía pagar indemnización a Enrique Arcipreste del Ábrego, luego de que el 5 de julio de 2002, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una ponencia del ministro Juan Silva Meza, determinó que se tenía que compensar al presunto propietario con mil 810 millones de pesos.
Aquella ocasión López Obrador y su área jurídica, como en la indemnización a Arteaga Aldana, no impugnaron la sentencia, la consintieron. Y por ello hubo críticas como la siguiente: “Cañonazo millonario a funcionarios del GDF”.
El 6 de diciembre de 2005 salió una nueva resolución que condenó al GDF a pagar ya no 7 mil millones ni mil 1810 millones por el Paraje San Juan, sino 60.4 millones y esta ocasión el gobierno de Alejandro Encinas tampoco impugnó.
Es de preguntarse por qué no lo hicieron, cuando en mayo de 2004 el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame salió a decir que encontró “de casualidad” que el Paraje San Juan nunca dejó de ser propiedad de la Nación. Entonces, ¿por qué el GDF deberá pagar por un predio que nunca pasó a posesión privada?
Además, cuando hay una prueba superviniente como esta, se debe meter al juicio. Pero en este caso, tanto López Obrador y su gobierno, como el de su sucesor, al parecer nunca integraron esto al expediente.
Asimismo, ¿cómo explicar que tanto los ministros de la SCJN, algunos juristas y personajes de la vida pública como Juan Ramón de la Fuente, en los momentos de mayor controversia por el litigio dijeran a los medios se tenía que pagar los mil 810 millones de pesos porque ya no había otro recurso legal más?
Es preciso también que explique López Obrador qué hizo con el título de propiedad que le envió Salazar Adame. ¿Porqué no defendió el juicio con ese documento?
Cómo explicar también que la SCJN, que debe defender las normas constitucionales, ordenara al GDF un término inconstitucional de 24 horas para pagar la indemnización de 60.4 millones de pesos, es decir que pidió al GDF violar la Constitución en el artículo 126, que dice que ninguna autoridad deberá efectuar un pago que no esté contemplado en el presupuesto.
Por más que los artículos 104, 105 y 107 de la Ley de Amparo dicen que las sentencias se deben cumplir en un plazo de 24 horas, esto no aplica cuando choca con la Constitución y concretamente con el 126, que tiene una jerarquía mayor que la Ley de Amparo.
De acuerdo con el abogado Mondragón Corella, hoy lo correcto es exigir al gobierno del Distrito Federal que demuestre haber solicitado el pago de la indemnización para el próximo ejercicio, pero, sobre todo, haber integrado al expediente el título de propiedad que le entregó la Secretaría de la Reforma Agraria porque, afirma, no se debe pegar nada en este caso y aún existen posibilidades de lograrlo.
Y si no fuera así, durante el litigio la cantidad ha bajado de casi 7 mil millones a mil 1810 y ahora a 60.4. Volver este caso parte de la anécdota como los funcionarios se enriquecen con ayuda de terceros, es cuestión de tiempo.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
En una lucha en solitario, el abogado Felipe Mondragón Corella siempre declaró que hubo abandono completo del juicio y negligencia inexplicable en el caso del Paraje San Juan, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Mondragón Corella fue asesor jurídico del GDF en el año 2000, bajo la administración de Rosario Robles, y en agosto de ese año presentó una demanda de incidencia a fin de que no se pagara un centavo por el predio, cuyo reclamo inicial fue de alrededor de 7 mil millones de pesos.
Inexplicablemente, la “nueva administración” con el entonces Secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, y la consejera jurídica, María Estela Ríos González, nada hicieron y, por el contrario, en febrero de 2002 pagaron 31 millones de pesos a otro supuesto propietario del Paraje San Juan, Francisco Arteaga Aldana.
Nada cambió desde que Mondragón Corella dio a conocer que el gobierno de la ciudad no debía pagar indemnización a Enrique Arcipreste del Ábrego, luego de que el 5 de julio de 2002, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una ponencia del ministro Juan Silva Meza, determinó que se tenía que compensar al presunto propietario con mil 810 millones de pesos.
Aquella ocasión López Obrador y su área jurídica, como en la indemnización a Arteaga Aldana, no impugnaron la sentencia, la consintieron. Y por ello hubo críticas como la siguiente: “Cañonazo millonario a funcionarios del GDF”.
El 6 de diciembre de 2005 salió una nueva resolución que condenó al GDF a pagar ya no 7 mil millones ni mil 1810 millones por el Paraje San Juan, sino 60.4 millones y esta ocasión el gobierno de Alejandro Encinas tampoco impugnó.
Es de preguntarse por qué no lo hicieron, cuando en mayo de 2004 el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame salió a decir que encontró “de casualidad” que el Paraje San Juan nunca dejó de ser propiedad de la Nación. Entonces, ¿por qué el GDF deberá pagar por un predio que nunca pasó a posesión privada?
Además, cuando hay una prueba superviniente como esta, se debe meter al juicio. Pero en este caso, tanto López Obrador y su gobierno, como el de su sucesor, al parecer nunca integraron esto al expediente.
Asimismo, ¿cómo explicar que tanto los ministros de la SCJN, algunos juristas y personajes de la vida pública como Juan Ramón de la Fuente, en los momentos de mayor controversia por el litigio dijeran a los medios se tenía que pagar los mil 810 millones de pesos porque ya no había otro recurso legal más?
Es preciso también que explique López Obrador qué hizo con el título de propiedad que le envió Salazar Adame. ¿Porqué no defendió el juicio con ese documento?
Cómo explicar también que la SCJN, que debe defender las normas constitucionales, ordenara al GDF un término inconstitucional de 24 horas para pagar la indemnización de 60.4 millones de pesos, es decir que pidió al GDF violar la Constitución en el artículo 126, que dice que ninguna autoridad deberá efectuar un pago que no esté contemplado en el presupuesto.
Por más que los artículos 104, 105 y 107 de la Ley de Amparo dicen que las sentencias se deben cumplir en un plazo de 24 horas, esto no aplica cuando choca con la Constitución y concretamente con el 126, que tiene una jerarquía mayor que la Ley de Amparo.
De acuerdo con el abogado Mondragón Corella, hoy lo correcto es exigir al gobierno del Distrito Federal que demuestre haber solicitado el pago de la indemnización para el próximo ejercicio, pero, sobre todo, haber integrado al expediente el título de propiedad que le entregó la Secretaría de la Reforma Agraria porque, afirma, no se debe pegar nada en este caso y aún existen posibilidades de lograrlo.
Y si no fuera así, durante el litigio la cantidad ha bajado de casi 7 mil millones a mil 1810 y ahora a 60.4. Volver este caso parte de la anécdota como los funcionarios se enriquecen con ayuda de terceros, es cuestión de tiempo.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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