lunes, febrero 13, 2006

Imposición a la fuerza

A vuelapluma

Imposición a la fuerza

Renato Consuegra
(2006-02-13)
Publicado en el diario Rumbo de México

El perredista y presidente de la Comisión de Administración de la Asamblea Legislativa, Alberto Trejo, sabe muy bien que pocas posibilidades tiene la mayoría del órgano legislativo local de ganar el recurso de revisión en contra del amparo presentado y obtenido de manera definitiva por la integrante del Consejo de Información Pública del Distrito Federal (Consi), María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
Por el contrario, lo único que pretende es retrasar en la medida de lo posible, la entrada en vigor del Instituto de Transparencia e Información Pública del Distrito Federal, con el único fin de evitar que la ciudadanía conozca de las irregularidades de la administración local perredista antes de las elecciones del 2 de julio.
En septiembre pasado la ALDF reformó la ley de transparencia y acceso a la información pública en el Distrito Federal, con el fin de tender una trampa y deshacerse de las consejeras ciudadanas incómodas para la administración lopezobradorista, Pérez Jaén y Odette Rivas, estableciendo la remoción de los tres integrantes ciudadanos del consejo (el otro es el perredista Gustavo Velásquez), quienes en principio debían permanecer en el cargo hasta 2009.
Sólo que Pérez-Jaén se inconformó por esa decisión y a partir de ese momento empezó su lucha por ocupar uno de los cinco sitios en el nuevo instituto, pero se ha encontrado con una férrea oposición de la mayoría perredista en la ALDF.
De tal forma que Pérez-Jaén Zermeño presentó una solicitud de amparo al Poder Judicial de la Federación, la cual fue turnada al juez 11 de Distrito en Materia Administrativa, Humberto Suárez Camacho, quien de inmediato ordenó suspender provisionalmente la pretensión de sustituirla, y luego determinó otorgarle el amparo de manera definitiva.
Pero de forma curiosa, incluso refiriendo el caso a un partido de futbol donde dice que hay empate y van por el tercer round debido a que hace algunos días el juez decidió cancelar la suspensión definitiva a favor de la consejera, el diputado Trejo hizo una interpretación fantasiosa.
El asunto es que la suspensión definitiva es un acto que se sucede durante la tramitación de un amparo. Y el amparo en sí mismo o la sentencia de amparo, es la que pone fin al procedimiento de amparo, que revoca, confirma o modifica el acto combatido.
Es decir, la suspensión definitiva sólo suspende, pero no resuelve el fondo del asunto.
Y en este caso, sin duda, lo que determinó el juez fue cancelar una acción que para efectos legales ya no tiene validez, pues ya otorgó el amparo.
En esta confusión, Trejo Villafuerte dice que tiene margen para designar a los cinco comisionados del Instituto de Información antes del 31 de marzo, pese a sobre él pesa una advertencia de desacato.
Es decir, la práctica perredista de la imposición a la fuerza.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

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