Publicada en el diario Rumbo de México
Como parece que a la mayoría de los medios de información les pasó de largo la consumación del fraude alrededor del Paraje San Juan, es preciso hacer varias aclaraciones de lo sucedido.
Hoy nos vamos a ocupar de lo que fue un proceso judicial plagado de irregularidades, pero, sobre todo, de incongruencias jurídicas cometidas principalmente por los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ejemplo, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, José Gabriel Clemente Rodríguez, admitió la demanda de amparo promovida por Arturo Arcipreste Nouvel, sin la acreditación de la propiedad de las 298 hectáreas cuyo pago reclamaba y con base sólo en un supuesto contrato privado de compraventa.
Además, en el contrato del 13 de noviembre de 1947, supuestamente, Fernando Arcipreste Pimentel (el abuelo de Enrique Arcipreste del Ábrego) compró para su hijo, Arturo Arcipreste Nouvel a pesar de que para esa fecha éste ya era mayor de edad y podía realizar la compra sin intervención de su progenitor, quien ya había perdido la patria potestad.
El sólo hecho de que la operación de compraventa fuera un contrato privado es nula de pleno derecho porque el código civil dispone que tratándose de bienes inmuebles, todas las operaciones relativas deben celebrarse en escritura pública notarial.
Luego, el vendedor Justino Granados jamás acreditó con ningún documento oficial ser el propietario del predio que se vendía.
La cuarta irregularidad es que en el supuesto contrato de compraventa no se precisaron las medidas y colindancias, como tampoco se especificó la superficie del terreno; además, el contrato de compraventa aparece supuestamente certificado por un Juez Mixto de Paz, que no tiene fe pública ni cuenta con facultades para certificar contratos.
Asimismo, la supuesta certificación del contrato de compraventa también carece de validez legal porque se realizó sin que estuviera presente el supuesto vendedor Justino Granados.
Pero lo más grave es que a pesar de que Enrique Arcipreste del Ábrego no demostró ser legítimo propietario del Paraje San Juan, el Juez le concedió el amparo para el efecto de que el Gobierno del Distrito Federal pagara una indemnización que Arcipreste valuó en 6 mil 905 millones, 528 mil 057 de pesos, puesto que reclamó 3 mil 048 millones por 298 hectáreas de terreno, más otros 3 mil 858 millones de pesos, por todas las construcciones existentes en el Paraje San Juan.
Habrase visto tal descaro como querer cobrar una indemnización por todas las casas y edificios que él no construyó, sino los ocupantes del predio.
De esta forma se tejió el fraude que pretendía ser de casi 7 millones de pesos, que posteriormente fue rebajado a un mil 810 millones de pesos y finalmente fue de 60.4 que deberemos de pagar todos los habitantes del Distrito Federal.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Como parece que a la mayoría de los medios de información les pasó de largo la consumación del fraude alrededor del Paraje San Juan, es preciso hacer varias aclaraciones de lo sucedido.
Hoy nos vamos a ocupar de lo que fue un proceso judicial plagado de irregularidades, pero, sobre todo, de incongruencias jurídicas cometidas principalmente por los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ejemplo, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, José Gabriel Clemente Rodríguez, admitió la demanda de amparo promovida por Arturo Arcipreste Nouvel, sin la acreditación de la propiedad de las 298 hectáreas cuyo pago reclamaba y con base sólo en un supuesto contrato privado de compraventa.
Además, en el contrato del 13 de noviembre de 1947, supuestamente, Fernando Arcipreste Pimentel (el abuelo de Enrique Arcipreste del Ábrego) compró para su hijo, Arturo Arcipreste Nouvel a pesar de que para esa fecha éste ya era mayor de edad y podía realizar la compra sin intervención de su progenitor, quien ya había perdido la patria potestad.
El sólo hecho de que la operación de compraventa fuera un contrato privado es nula de pleno derecho porque el código civil dispone que tratándose de bienes inmuebles, todas las operaciones relativas deben celebrarse en escritura pública notarial.
Luego, el vendedor Justino Granados jamás acreditó con ningún documento oficial ser el propietario del predio que se vendía.
La cuarta irregularidad es que en el supuesto contrato de compraventa no se precisaron las medidas y colindancias, como tampoco se especificó la superficie del terreno; además, el contrato de compraventa aparece supuestamente certificado por un Juez Mixto de Paz, que no tiene fe pública ni cuenta con facultades para certificar contratos.
Asimismo, la supuesta certificación del contrato de compraventa también carece de validez legal porque se realizó sin que estuviera presente el supuesto vendedor Justino Granados.
Pero lo más grave es que a pesar de que Enrique Arcipreste del Ábrego no demostró ser legítimo propietario del Paraje San Juan, el Juez le concedió el amparo para el efecto de que el Gobierno del Distrito Federal pagara una indemnización que Arcipreste valuó en 6 mil 905 millones, 528 mil 057 de pesos, puesto que reclamó 3 mil 048 millones por 298 hectáreas de terreno, más otros 3 mil 858 millones de pesos, por todas las construcciones existentes en el Paraje San Juan.
Habrase visto tal descaro como querer cobrar una indemnización por todas las casas y edificios que él no construyó, sino los ocupantes del predio.
De esta forma se tejió el fraude que pretendía ser de casi 7 millones de pesos, que posteriormente fue rebajado a un mil 810 millones de pesos y finalmente fue de 60.4 que deberemos de pagar todos los habitantes del Distrito Federal.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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