¿Quién mató a los mineros?

Publicado en el diario Rumbo de México

La respuesta al título de esta columna es muy sencilla. Los mató la ley y la burocracia. Y no se crea, lector-lectora que por ser una ley muy antigua, porque la última modificación tiene menos de un año: fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2005.
Signadas por los legisladores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Graciela Larios Rivas y Sara Isabel Castellanos Cortés el 22 de febrero de 2005, se realizaron modificaciones a 19 artículos para cobrarle más a los concesionarios, pero en ningún lado se atrevieron a generar un espacio que tuviera que ver con los riesgos para los trabajadores.
Y la Norma Oficial Mexicana donde se regulan las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en general, donde haya sustancias peligrosas, no específicamente en la minería, curiosamente entre el conjunto de gases que se mencionan, que parecen ser todos, falta el metano. Esta modificación a la norma, del año 1999, fue realizada durante la gestión de Mariano Palacios Alcocer como Secretario del Trabajo y Previsión Social.
Pues resulta que cuando se modificó el artículo 27 constitucional dividieron las competencias exclusivas del Estado en la Secretaría de Energía, en la cual se quedaron asuntos relacionados con el petróleo, la electricidad y otros. En cambio, a Economía mandaron las que son explotaciones concesionables a particulares, con el propósito seguramente de construir más fácilmente el PIB a partir de los ingresos de las concesiones.
De esta forma, el área de las mineras que llegó a estar en lo que alguna vez fue la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, pasó a ser un asunto de economía, no un asunto de energéticos, ni de previsión de recursos renovables, ni de riesgos de protección civil, etc.
Así encontramos en el artículo 43 de la Ley Minera que el derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá cuando éstos “pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada”.
Es decir, no hay causal para cancelar el permiso por riesgos. Sólo se suspende el derecho de explotación.
En cambio, las causales para cancelar la concesión, la mayoría, tienen que ver con derechos fiscales: “Efectuar al amparo de la misma, la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley; no ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por la Ley en los términos y condiciones que señalan la misma; dejar de cubrir los derechos sobre minería; no cumplir con los pagos por concepto de la prima por descubrimiento o de la contraprestación económica que en su caso corresponda cubrir, no sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría; agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minerometalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, o perder la capacidad para ser titular de concesiones.
Es decir, se diseñó una ley minera claramente enfocada a los factores económicos, mientras los riesgos de trabajo de esta actividad quedaron para una mejor ocasión en la visión de futuro de los legisladores, aquellos que siempre hablan de trabajar en beneficio del pueblo de México.
Y para mayor abundamiento, también, en la desgracia de los 65 mineros muertos en la mina Pasta de Conchos podríamos preguntarnos: ¿Dónde está la Secretaría de Economía que tiene bajo su tutela la Ley de Minería? ¿Acaso Sergio García de Alba va a responder como Vicente Fox, “y yo por qué”?


renatoconsuegra@yahoo.com.mx

El discreto Arturo

Publicado en el diaro Rumbo de México

El 21 de febrero fue visto salir el secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Arturo Herrera, de la reunión que como todos los martes sostiene el candidato del PRD a la Presidencia de la República en sus oficinas de campaña. Y se armó el alboroto mediático. Y vinieron las excusas tontas por parte de Alejandro Encinas: Que pasó al lugar en la Colonia Roma para recoger unos dulces que le enviaron de San Luis Potosí.
¿Desde cuándo un funcionario del nivel del secretario de Finanzas del GDF se molesta en ir a recoger unos dulces, cuando lo más usual es que envíe a su chofer o que el chofer de otro se lo lleve? Y ¿por qué ir a recoger los dulces precisamente en el horario de 17 a 19:30 horas que Andrés Manuel López Obrador utiliza cada semana para planear sus estrategias de campaña?
Las reuniones de López Obrador con Arturo Herrera fueron dadas a conocer por quien esto escribe desde el 16 de diciembre, cuando se hizo un recuento de la forma como trabaja el “puesto de mando” de la campaña lopezobradorista, que se puede leer en www.renatoconsuegra.blogspot.com:
“De acuerdo con la información obtenida, el puesto de mando de la campaña de Andrés Manuel López Obrador está compuesto de, por los menos tres círculos muy cercanos:
“Su primer equipo compacto, en el que destacan el ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, quien se encarga de buscar el acercamiento con los expriístas e, incluso, con los actuales gobernadores del PRI, que en un momento dado, si la candidatura de Roberto Madrazo no tiene posibilidades de triunfar, pudieran jugar sus canicas, entendidas estas como estructura y candidatos, a partir de marzo con el candidato del PRD.
“Muchos dicen de Monreal que no sólo es su enlace político, sino que por el ánimo integracionista y apertura política, Monreal es como el Secretario de Gobernación de la campaña.
“El caso de Manuel Camacho no es diferente. Sin duda, es uno de los pilares de la estrategia lopezobradorista. Pero además de la relación en los estados que le corresponden dentro de la estrategia nacional, Camacho se dedica al orden internacional. Él es quien va a los Estados Unidos a tocar las puertas de las grandes empresas transnacionales, a los periódicos, etc.
“Pero también otro de los que operan a López Obrador es su hermano Pío. Fue él quien organizó la primera de las redes ciudadanas en Tabasco. Participa también en las reuniones de todos los martes en la casa de campaña. Es de los que no se ven, de los que no aparecen públicamente, pero tiene voz y voto en las decisiones del primer círculo.
“Este primer círculo lo completan el encargado de la logística de las giras, su ex secretario particular en el Gobierno del Distrito Federal y sustituto de René Bejarano, Alejandro Esquer, y el responsable de los recursos para la campaña, el actual secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Arturo Herrera, quien para no incurrir en irregularidades en su trabajo como funcionario público, aprovecha los fines de semana para “acordar” muy discretamente con López Obrador, incluso cuando el candidato anda de gira”.
En efecto, este dato fue corroborado por varios de los reporteros que cubren la campaña de López Obrador, quienes han visto a Herrera en las giras de López Obrador con una presencia sumamente discreta, pero efectiva, pues es el de los dineros.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Buena voluntad priísta

Publicado en el diario Rumbo de México

El Partido Revolucionario Institucional en su conjunto ha sacado a relucir el largo colmillo que aún tiene, para bajar la presión con el caso del “gober precioso”, y ha dispuesto una estrategia en la cual pareciera que han dejado “morir solo” a Mario Marín Torres.
"Nosotros no vamos a detener las cosas, nosotros no vamos a prejuzgar sobre la viabilidad, procedencia o no del juicio contra Marín", dijo ayer Emilio Chuayffet. Recordó que todos los priistas apoyaron que el caso de Marín fuera investigado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y apuntó que las pruebas de la intervención telefónica deberán ser elementos que se valoren en su momento para un juicio político.
Ayer también, en medio de la mascarada que pretenden hacer creer a la sociedad en general, los legisladores del estado de Puebla solicitaron a Chuauyffet que hiciera un extrañamiento a Pedro Ávila Nevarez, diputado que el martes subió a la tribuna para hablar “fuerte” en contra de Mario Marín.
El legislador duranguense dijo el martes: "Qué tristeza da ver que una persona de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, el señor ése, que no debe llamarse señor porque es un depravado y un degenerado, Marín, ha hecho, ha hecho toda una confusión y una –podría decir yo- una ofuscación de todos los verdaderos priistas de México, de aquellos que admiramos a López Mateos, de aquellos que admiramos a Lázaro Cárdenas, de aquellos que admiramos la labor que nuestro partido ha hecho durante 70 años".
Y para más abundamiento, agregó: "Los verdaderos priístas, los que en realidad sentimos en carne propia este problema porque se trata de nuestra niñez a la que se le está pervirtiendo y anulando su vida, pedimos justicia, que se haga justicia y que caiga ese sátrapa del poder porque no puede un degenerado estar gobernando un estado tan heroico como el estado de Puebla".
Para el grueso de los mexicanos parecería un verdadero deslinde del PRI o de algunos priístas con el gobernador de Puebla. Sin embargo, quien conoce el proceso de los trabajos en el Congreso de la Unión, sabe que no cualquier diputado sube a tribuna “por la libre” para decir toda una serie de cuestionamientos e, incluso, insultos contra un correligionario. Por el contrario, cada vez que alguno de los diputados quiere subir fuera de la línea marcada, “debe” solicitar permiso a su coordinador parlamentario, en este caso Chuayffet, y expresar el sentido de su intervención.
Es decir, los priístas han “permitido” que el caso se turne a la Suprema Corte de Justicia con el fin de ganar tiempo, ya que este órgano jurisdiccional no tiene facultad de investigación y por lo mismo no va a ir más allá de dar alguna postura jurídica y declararse incompetente para ir más a fondo.
Entonces tendría que pasar a la Cámara de Diputados para, entonces sí, realizar una investigación que permita determinar si hay condiciones jurídicas para hacer el juicio político.
A la vez, se viene otro inconveniente. Que el 15 de abril se cierra el actual periodo ordinario de sesiones, lapso que se “comerá” el proceso anteriormente descrito.
De tal forma que el caso Marín no se resolverá antes del 2 de julio.
Por lo tanto, al PRI lo que le urge es que la SCJN les diga que atrae el caso, aunque sea momentáneamente para dar una postura jurídica, y luego trasladarlo a la Cámara de Diputados, para que ahí duerma el “sueño de los justos” en comisiones, por lo menos hasta que pasen las elecciones federales.
Es decir, la buena voluntad exhibida por el PRI es un asunto táctico de urgencia porque una vez que se inicie el juicio, el caso del “gober precioso” dejará de ser noticia y lo que los priístas buscan es precisamente que se calme la noticia hasta después de las elecciones.
Por esto mismo Enrique Jackson ayer atizó el fuego con los casos Arturo Montiel y Mario Marín: "Claro que nos han hecho daño, claro que han influido en el ánimo de los electores, pues nadie puede ver con simpatía este tipo de situaciones, que son vergonzosas".

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Cortina de humo

Publicado en el diario Rumbo de México

Cuando la semana pasada se conoció la escandalosa agresión provocada a Lydia Cacho por parte del Ejecutivo estatal de Puebla, muchas voces se alzaron en protesta, la mayor parte de ellas por solidaridad con la periodista y otras de ellas producto de la indignación por el encubrimiento de parte de la más alta autoridad del estado, de los hechos delincuenciales que atentan contra los más puros valores de la niñez.
Pero hubo una sobre todas, que trata de desviar la atención del verdadero fondo del problema. La de Andrés Manuel López Obrador, quien desde que salió a la luz este asunto, ha insistido en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe investigar la actuación de Mario Marín Torres. Y de forma ilógica, de inmediato su paisano Roberto Madrazo se hizo eco de esta propuesta.
De hecho, la minoría perredista en la Cámara de Diputados aprovechó que tiene la presidencia de la Mesa Directiva con Marcela González Salas, para someter el pasado martes a la consideración del pleno el punto de acuerdo elaborado por el petista Pedro Vázquez, para solicitar la intervención de la SCJN en el caso de explotación sexual de infantes.
Sin embargo, lo extraño de todo esto es que ambos tabasqueños con su experiencia de gobernantes deberían saber que la SCJN no está facultada para hacer investigaciones, ya que se trata del máximo órgano jurisdiccional de la República, y que su área de competencia consiste únicamente en dirimir conflictos de constitucionalidad de leyes, controversias constitucionales, incidentes de inejecución de sentencias y, en algunos casos, ejerciendo su facultad de atracción, conoce de juicios de amparo relevantes en su última instancia.
Lo anterior lleva a preguntarnos: ¿Qué oscuros intereses se mueven en torno a la propuesta de los dos políticos tabasqueños de que sea la Corte quien investigue sin estar facultada constitucionalmente? ¿A quién se trata de proteger con esta cortina de humo?
De igual forma, es motivo de cuestionamiento conocer por qué motivo o motivos los ministros de la Suprema Corte de Justicia no han salido a decir que a ellos no les compete conocer del caso como ente investigadora?
De tal forma que es necesario preguntarse, ¿a quién beneficia la cortina de humo?

Plumazos

Todo hace suponer que el problema de Bernardo de la Garza no fue con el PRI, ni con Roberto Madrazo; mucho menos con la gente del equipo de campaña de este, a pesar de los movimientos ocurridos en los últimos días. Que la bronca de Bernardo fue nada más y nada menos que con Jorge González Martínez, quien lo insultó en público por la sencilla razón de que el ahora autoexiliado Bernardo le comenzó a ganar los reflectores al llamado Niño Verde. Es decir, fue un asunto de celos políticos o de envidia lo que originó la renuncia de De la Garza a la Alianza por México… Por cierto, también, era previsible que tras la alianza, los bonos de De la Garza se iban a sumar a los de Madrazo y que en estos momentos el tabasqueño andaría en algo así como 32 por ciento de preferencia electoral. Lo cual quiere decir que la alianza en nada modificó el panorama para beneficio del PRI y, en cambio, sí lo hizo para el Verde, como lo hemos comentado en este espacio.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Miserias humanas

Publicado en el diario Rumbo de México

Producto del escándalo ocasionado tras la publicación de las grabaciones entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador Mario Marín, surgió a los medios de comunicación un conflicto que había estado soterrado: la animadversión entre Emilio Chuayffet y Miguel Ángel Yunes, que viene a alimentar los golpes contra Roberto Madrazo desde su propio partido y de personajes que lo fueron.
A Elba Esther Gordillo, a Arturo Montiel, a Mario Marín, ahora se suman Chuayffet y Yunes, el primero por impericia política mostrada desde su paso por la Secretaría de Gobernación, y el otro porque hará todo lo posible por golpear a quien enfrentó y desplazó a su protectora política.
Sin embargo, lo que vimos, escuchamos y leímos la semana pasada es el colmo de la política estercolera y una salida indigna de quien inició el pleito.
Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo tras la picota para Esteban Moctezuma, y caído en desgracia por el caso Acteal, mostró su carencia de tacto político cuando sugirió al Gobierno Federal iniciar también una investigación en contra de Miguel Ángel Yunes, por estar referido en constancias ministeriales por explotación sexual infantil en la red de pederastas comandada por Jean Succar Kuri.
La respuesta de Yunes, que se sabe es fundamentalista a la hora de medir consecuencias, fue furiosa, de un energúmeno irascible, y lo señaló: " a diferencia de usted, yo, diputado Chuayffet, son un hombre en toda la extensión de la palabra, no soy desviado ".
Más adelante le espetó en su carta: "Si determina actuar como varón, aunque sea una vez en su vida, haga público que acepta debatir para que yo actúe en consecuencia ".
Llamar a Chuayffet “desviado” y que actúe “como varón, aunque sea una vez en su vida”, es cosa seria.
Pero, sobre todo, es una situación grotesca, que ejemplifica el nivel del debate en el cual se encuentra inmersa la gran mayoría de los políticos mexicanos. La guerra sucia por encima de la guerra de ideas; la descalificación antes que la propuesta; la vida personal como punto débil de la vida pública.
Lo único que hacen estos políticos es exhibir sus miserias humanas. Nada peor que carecer de ideas para el debate que contribuya a parar el viaje del país por este tobogán sin fin en el que se encuentra.
Si existen pruebas, que Chuayffet las presente ante las instancias correspondientes para que Yunes sea investigado. Y debió presentarlas hace mucho porque el libro Los demonios del Edén no es reciente.
Y si Chuayffet tiene preferencias sexuales no compartidas por Yunes, sin duda es un asunto privado, como esgrimió el mexiquense para evitar hablar sobre su sexualidad en los medios de información.
Pero lo que no debe suceder es escuchar a diario asuntos como estos, mientras el país va en picada y no existen propuestas ni viables ni serias por aquellos que abanderan a grupos de fuertes intereses económicos en la lucha presidencial.
La pregunta una vez más es: ¿Y el país?

Plumazos

“Reitero que me equivoqué, y busco con esto corregir sobretodo ante quienes creyeron en mí y hoy se han desilusionado. En un país tan lleno de desilusiones no puedo permitirme ser una más, quiero ser fiel a quienes creyeron en mi”: Bernardo de la Garza... Una nueva chamaqueada a Roberto Madrazo, a quien le vendieron un 6 por ciento en las encuestas, que no se vio reflejado en las mediciones tras la firma de la alianza.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

El pueblo como escudo

Publicado en el diario Rumbo de México

Hace algunos meses cuando Andrés Manuel López Obrador quedó atrapado y prácticamente sin salidas políticas por el asunto del desafuero por el caso del predio El Encino, su única carta posible en el momento fue la amenaza de la violencia política.
Aquella ocasión López Obrador se victimizó y supo jugar muy bien y con cierta astucia aquella baraja.
El juego del hoy candidato del PRD a la Presidencia de la República consistió en victimizarse y decir no sólo que se le querían quitar sus derechos políticos individuales, sino que le querían quitar al pueblo una opción de gobierno diferente.
Sacó a las masas al Zócalo.
Y López Obrador dejó alumnos. Uno de ellos, malo por cierto, es Mario Marín Torres, quien hace algunos días dijo lo siguiente:
"Esto que me han hecho es una vil infamia, pero no solamente a Mario Marín, sino a los poblanos, es una calumnia vil de intereses ajenos a Puebla”.
Y como López Obrador, llamó a la violencia: “Que no provoquen a los campesinos que tanto quiero y por los que tanto trabajo, que no provoquen a los jóvenes y a las mujeres que creen en mí, que no molesten ni provoquen a mis queridos abuelitos y abuelitas y a las personas con discapacidad que tanto necesitan de mí".
Marín Torres ahora se cobija en aquella gente a la que debe servir por mandato constitucional y por lo que le pagan. Pero él pretende hacer creer que les hace un favor, como lo ha hecho López Obrador, y que debe continuar allí a pesar de todas las muestras de corrupción en su contra.
Sin embargo, es preciso que no se equivoque la gente, como no lo ha hecho hasta ahora con este caso. Un gobernante es elegido para cumplir y hacer cumplir la ley. Y lo que ha hecho este “gober precioso” no ha sido aplicar la ley, mucho menos respetarla, sino ponerla al servicio de “mi héroe, chingao”.
Se advierte en las grabaciones que intervino para ayudar a proteger a su amigo José Kamel Nacif Borge, quien ha sido citado como cercano de un delincuente detenido en los Estados Unidos, no sólo por ser miembro, sino dirigente de una red de pederastas en Cancún.
Lo que ha quedado al descubierto en el caso de Jean Succar Kuri son los niveles de corrupción, de tráfico de influencias y de impunidad que existen entre los hombres del dinero y los gobernantes en turno. Pero, sobre todo, que los gobernantes están al servicio de los hombres económicamente poderosos.
Y lo que es todavía peor. Que coludidos poder político y poder económico, pretenden acallar cualquier tipo de críticas e investigación por parte de quienes ejercemos el oficio del periodismo, el cual debe ser precisamente un contrapoder para darle equilibrio a las relaciones de esta sociedad.
En este caso hemos visto la total impunidad con que fue amenazada la periodista y luchadora por los derechos humanos, Lydia Cacho. Y queda claro que por el desprecio de los poderosos los periodistas son víctimas potenciales de cualquiera, incluidos los sicarios de los narcotraficantes.
Y todavía se atreven, como Marín Torres, a llamarse víctimas de las infamias de los representantes de los medios de información, quienes un día sí y otro también han puesto al descubierto las arbitrariedades con las que esta élite compuesta a partir de privilegios, gobierna al país, sean panistas, priistas o perredistas. A final de cuentas todos son iguales.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Madrazo, chamaqueado

Publicado en el diario Rumbo de México

El miércoles pasado dimos a conocer en este espacio que el Partido Verde Ecologista de México es un partido cachirul, pues de acuerdo con una compulsa hecha por un notario público —la cual está en poder del IFE— sólo cuenta con 8.91 por ciento de los 170 mil 788 afiliados que debe tener como mínimo para conservar legalmente el registro.
Bueno, pues de acuerdo con un estudio realizado al Convenio de Coalición de la “Alianza por México”, suscrito por el PRI y el PVEM, donde se asientan los porcentajes que de la votación federal del presente año corresponderán a cada uno de los dos partidos, resulta que Jorge González Martínez se chamaqueó a Roberto Madrazo Pintado porque de todas-todas la franquicia familiar será la más beneficiada en cualquier circunstancia.
El PVEM tiene derecho a los beneficios en cargos de representación popular y prerrogativas que da el Estado mexicano por conducto del Instituto Federal Electoral, en un porcentaje del 22 por ciento de lo que consiga la “Alianza por México”.
A partir de una votación de 30 por ciento a nivel federal prevista, una vez convertida en 100 por ciento para la “Alianza por México”, el 22 por ciento de ella daría el 6.6 por ciento federal que se llevarán los verdes.
Y de ahí pa’lante, porque si los votos favorables a la Alianza ascienden a 42 puntos porcentuales, corresponderán al Verde 9.3 de ellos, es decir el 22.14% y así sucesivamente.
Además tiene garantizados 4 escaños en el Senado al ocupar los lugares 3, 5, 7 y 8 en la lista de plurinominales. Pero no sólo eso, sino que en Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y Veracruz también puede ganar senadurías de mayoría relativa.
En el caso de los diputados de representación proporcional tiene asignados los lugares 3, 5, 7, y en algunas circunscripciones 8, 9 y 12. Pero, además, cuenta con 24 diputaciones de mayoría relativa en 14 entidades federativas en donde el PVEM cuenta apenas con 10,968 militantes totales, y gracias a la alianza, el Verde accederá también a inmerecidas posiciones por sus apenas 16 mil 668 miembros en total en todo el país.
En cambio, cientos de priistas que fortalecen la estructura de su partido han quedado desbancados y esto propiciará una desbandada mayor en los próximos días, seguramente al nuevo PRI de López Obrador.

Plumazos

El PRI protegerá a Mario Marín a como dé lugar y valiéndose de todas las artimañas posibles, porque no hacerlo sería cavar su propia tumba, puesto que con las elecciones a la vuelta de la esquina quedará en la población la sensación de que efectivamente todos los priistas son corruptos y no merecen gobernar… Por cierto, si ponemos atención, las grabaciones no fueron hechas al “gober precioso” sino al “héroe, chingao”. Por lo tanto, éstas deben tener remitente en uno de los enemigos del empresario Kamel Nacif —que seguramente tiene muchos esta fichita— o de la PGR, que estaría investigando el caso Lydia Cacho… Comenta el lector Pedro Jesús Domínguez Morales de Ciudad Juárez sobre la gira que recientemente realizó por aquella ciudad Andrés Manuel López Obrador: “nos prometió béisbol, pero el deporte de Chihuahua es el basketbol. Quien lo asesora, Barraza no sabe ni donde vive. También (prometió) pavimentar la mitad de Ciudad Juárez. Una mala noticia: el tren bala no pasará por Chihuahua. Ni modo... de todos modos lo apoyamos”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Zedillo-Fox-Obrador

Publicado en el diario Rumbo de México

En dos entregas en la primera quincena de enero de 2005 di cuenta de la interesada cercanía entre Ernesto Zedillo Ponce de León, su delfín Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador y la posibilidad de que éste, en acuerdo con el ex presidente, entregue la Presidencia de la República al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México como fue hecho con él.
El marco de estos comentarios fueron las opiniones de Francisco Labastida, abiertamente zedillista —pues le debe al ex presidente su retorno a la política de primer nivel luego de haber sido defenestrado por Carlos Salinas— que enmarcaban la pugna dentro del PRI por la candidatura presidencial entre los grupos encabezados por los dos últimos ex presidentes priístas.
Labastida había dicho en aquellos días que con Roberto Madrazo como candidato, el PRI perdería la contienda en este 2006.
Unos días después de aquellas declaraciones y aquella interpretación de quien esto escribe, el 17 de enero de 2005, López Obrador y Liébano Sáenz se reunieron “a tomar un café” en el hotel Four Seasons del rumbo de Chapultepec, donde conversaron largo y tendido.
El pasado martes el diario La Crónica de Hoy publicó párrafos de un e-mail dirigido por Liébano Sáenz a Antonio Navalón, consejero del español Grupo PRISA que en México tiene intereses en la empresa Televisa y la editorial Alfaguara.
En la comunicación le dice: “Creo que el tiempo está de nuestra parte. El pulso de la situación electoral es que AMLO y el PRD van a tener un resultado favorable de proporciones inesperadas, esto significa que el país vivirá un cambio profundo y radical a partir del 1º de diciembre. Políticamente, en el mediano plazo no te equivocaste (…) Mi impresión es que no debemos desviarnos del rumbo, especialmente, hacer de tu talento y de tu posición en Prisa y Televisa, un activo que acredite lo mucho que vales y representas (…) Debemos pensar en las acciones que impliquen fortalecer nuestra posición”.
En otra parte del mensaje, Sáenz escribe a Navalón: “Sin que me lo diga, (Zedillo) me hace sentir que lo que yo haga será interpretado como la verdadera intención de él, sobre todo, después de la durísima respuesta que le dio a Roberto (Madrazo) … Esto nos une, identifica y nos hace ver el porvenir como un desafío no un problema. Hay muchas batallas por delante; no está en nuestras manos evitarlas, sí, decidir los tiempos, el plano y los aliados. No hay que perder de vista los recursos que tenemos para no malograrlos. Modestia aparte, mi posición y mi postura —al igual que la de Zedillo— tienen un alto valor y confío que tu singular inteligencia así lo advierta”.
Por aquellos días de enero de 2005 dimos a conocer la forma cómo el perredista fue protegido e impulsado durante el sexenio zedillista (¿quién más le pudo entregar las cajas con los documentos originales de los gastos de campaña de Madrazo, entre otros?), con la firme intención de hacerlo continuar con el proyecto neoliberal, como pago a los favores que el ex presidente le hiciera, incluido su lanzamiento a la Presidencia de la República, como hemos visto sucedió también con Vicente Fox. Porque seguramente habrá cambio de discurso en los hechos por parte de López Obrador, aunque no en la retórica si es que llega a la Presidencia.
La intención de Zedillo fue desmantelar al grupo salinista en el poder y entregar la presidencia, primero a Vicente Fox (que no al PAN) y ahora a López Obrador (y no al PRD), con el fin de quedar lejos de las venganzas salinistas.
Es claro. Sáenz continúa operando en México para el ex presidente, como lo hizo cuando pasó un sexenio como secretario particular y operador político, mientras que aquel "trabaja" en la ONU y algunas transnacionales a las que entregó beneficios en su mandato.
Y parte de la operación de Zedillo que hoy ha sido descubierta, es para seguirse protegiendo y participar como gran elector de quien será el futuro mandatario. Y así como apostó parte de sus canicas dentro del PRI con el Grupo Unidad Democrática, también lo hace en el PRD.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Gobernadores cínicos

Publicada en el diario Rumbo de México

Para Silvana María Adara, en su primer año

La conversación grabada al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres con el empresario José Kamel Nacif Borge, muestra el grado de impunidad y colusión existente entre los hombres del poder económico y el poder político.
Y todavía más, la respuesta ofrecida ayer por quien protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de Puebla, cuando dijo que la voz que se escucha no es la de él sino una imitación, no es otra cosa que la prueba del gran cinismo, enorme descaro y grave falta de respeto por las leyes de su estado y de nuestro país.
Este hombre que se dice Gobernador, que permite le digan “Mi gober precioso”, “papá” y que le van a enviar dos botellas de coñac como recompensa por haber ordenado la orden de aprehensión en contra de la periodista y luchadora por los derechos humanos, Lydia Cacho; este personaje que trata al empresario como “Mi héroe”, lo único que merece es que se le inicie un juicio político en el Senado de la República y se le separe del cargo, porque cuando se le pregunta sobre su renuncia, su procacidad es tan grande que responde: “La época de los Reyes Magos ya pasaron. Tendrán que esperarse hasta otro tiempo, porque eso será un sueño guajiro, que quisieran, pero no se les va a conceder".
Bien podría acordarse de lo que sucedió con el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, quien pensaba que estaba más que firme al frente de su estado después de la matanza de campesinos indígenas en Aguas Blancas, pero tras la revelación de una videograbación que también dijo fue trucada, tuvo que dejar el mando.
En otra parte de la conversación con Nacif Borge, dice Mario Marín: “No somos santos, desde luego, pero si alguien tiene pruebas que las presente. Y si no que se calle la boca”.
Hoy existe la prueba de su colusión con un hombre poderoso económicamente, pero que tiene un historial largo y poco claro.
Le sirve, como lacayo y la prueba está en la grabación: “Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (Lydia Cacho). Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”.
Grave en este caso es también la injerencia del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía en la defensa de Kamel Nacif. De acuerdo con el empresario textilero Luis Ángel Casas, quien fungió como coordinador de finanzas de la campaña de Marín Torres y seguramente el conducto de las aportaciones de Nacif a la campaña del gobernador poblano, Salazar Mendiguchía le ofreció solicitar a la dirección general del diario La Jornada una réplica para Nacif Borge, la cual fue publicada el 22 de diciembre.
El 11 de abril de 2002 Salazar Mendiguchía, acompañado del presidente Vicente Fox, inauguraron en San Cristóbal de las Casas la maquiladora Trans-Textil Internacional, propiedad de José Kamel Nacif Borge, que sería “el punto de arranque del desarrollo industrial del estado”. Claro, le dieron 6 millones de pesos del gobierno federal por el programa Marcha al Desarrollo, y otros 11 millones del gobierno estatal para trasladar una fábrica que estaba en Acapulco, la cual fue cerrada por los incumplimientos del empresario.
Un año después la maquiladora cerró sus puertas en San Cristóbal, también por deudas, y cambió su nombre por el de Sprintex para no pagar a los trabajadores.
El cinismo de los gobernadores de Puebla y Chiapas y su implicación en este caso no es un asunto menor. Es parte de la forma cómo unos cuantos reyezuelos gobiernan a sus estados y al país. Y todos ellos prometieron en sus campañas respetar el estado de derecho y luchar contra la impunidad y la corrupción.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Partido cachirul

Publicado en el diario Rumbo de México

El partido que el 28 de octubre de 2003 presentó una iniciativa a fin de incrementar al doble los requisitos para que las agrupaciones políticas nacionales obtengan su registro como Partidos Políticos Nacionales, el Partido Verde Ecologista de México, de Jorge Emilio González Martínez y su papá Jorge González Torres, es un partido cachirul.
Y decir cachirul es decir que trampea.
El problema es que este partido familiar hace trampa con la protección de los órganos electorales que como hemos visto en sus últimas resoluciones, protegen a una élite política compuesta por gente ligada al poder económico. Y de ello han dado muestras tanto el órgano administrativo, el Instituto Federal Electoral, como el jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice en su inciso c) que son obligaciones de los partidos políticos nacionales “mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro”.
Gracias a las reformas promovida por el Verde, hoy el artículo 24 dice que los requisitos son “contar con 3 mil afiliados en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso”.
Añade la norma que “bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26% del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate”.
Pues resulta que de acuerdo con la escritura pública Vol. 502 Número 20,952 de fecha 31 de octubre del 2005, el Notario Público 142, Daniel Luna Ramos, señala que realizó compulsa del padrón de militantes y del quórum de las asambleas estatales del instituto político y de ello se desprende que el PVEM está integrado por apenas 16 mil 668 miembros.
El número mínimo de afiliados que debe tener todo partido político tras la elección de 2003, donde hubo 65 millones 688 mil 49 millones de ciudadanos en el Padrón Electoral, se colige que es 170 mil 788 personas.
En la exposición de motivos para hacer su propuesta de iniciativa de ley para modificar el COFIPE en 2003, el Partido Verde destacó: “Estamos ciertos que la formación de nuevos partidos políticos, son la consecuencia de nuevas fuerzas que no tienen cabida en el marco ideológico y político de los partidos existentes. Pero también estamos ciertos que el registro de un nuevo partido político, debe ser el reconocimiento legal de una corriente política connotada y con una base social significativa”.
De acuerdo con el documento en poder de esta columna, en este escenario, el PVEM de la familia González apenas logra tener cautivos al 8.91 por ciento de los afiliados que se necesitan para mantener el registro.
El PVEM se llamó inicialmente Partido Ecologista y en 1991 no pudo mantener el registro puesto que únicamente logró el 1.48 por ciento de la votación.
En 1993 con el nuevo nombre, se registró con 86 mil afiliados.
Y en su caso tampoco mantiene el número de afiliados que tuvo al momento de su Asamblea Constitutiva —tendrían que ser 51 mil 582— lo que demuestra que contraviniendo sus propias declaraciones en aquella reforma electoral de 2003, no cuenta con una corriente política connotada ni base social alguna, por lo que inmerecidamente mantiene el reconocimiento legal gracias a la protección de las autoridades electorales.
Gracias a esto el PVEM ha logrado obtener recursos del Estado mexicano por mil 614 millones 872 mil 770.58 pesos al día 31 de diciembre de 2005.
Y eso que es un partido cachirul.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

El control

Publicado en el diario Rumbo de México

Hoy que en el mundo millones van a festejar el comercialmente llamado Día del Amor y la Amistad, he decidido contar el fondo de una conversación de la que fui testigo con un integrante de la Procuraduría General de la República en la gestión administrativa de Jorge Madrazo Cuéllar, porque considero que un gesto de amor y amistad para el resto de los mexicanos es decirles cómo los funcionarios de nuestro país operan los asuntos de Estado, pero, sobre todo, el grado de inserción del narcotráfico en el país al grado de ser prácticamente incontrolable.
Esa noche llegué a aquella oficina invitado por dos conocidos, un abogado y un reportero. Al momento en que se harían las presentaciones con el personaje, un mando superior de la PGR, le llamaron por teléfono y tuvo que salir unos segundos.
Al regresar obvió mi presencia puesto que ya nos habíamos visto algunos minutos antes y, quizá, dio por hecho que nos presentamos. O posiblemente tenía tanta confianza con aquellos conocidos que me invitaron de manera circunstancial a la charla, que ni siquiera se interesó en saber quién era yo. Me inclino por lo segundo.
El caso es que tras un rato de charla se comenzó a hablar de asuntos delicados, de nombres públicamente impronunciables y de lo que esperaba al país en los asuntos del narcotráfico.
Eran los primeros días de octubre de 2000. El personaje se aprestaba para dejar la PGR y su grupo político pretendía acomodarse para continuar en la estructura. Es decir, jugó para tratar de ocupar la cabeza de la PGR.
Hizo su análisis:1) El poder económico del narcotráfico es tan fuerte que siempre habrá gente, civiles comunes, policías de carrera y miembros del Ejército que se verán tentados por las cuantiosas y rápidas ganancias que otorga el tráfico ilícito de droga.
2) Son tan grandes las ganancias de aquella actividad que los integrantes de los cárteles tienen no sólo capacidad de comprar a representantes de la ley que deberían combatirlos, sino que cuentan con armas y equipos de “trabajo” mucho más sofisticados que los miembros de los cuerpos policiales del país y de otros países, incluidos los Estados Unidos.
3) Es tan pobre la gente en las comunidades agrarias que grandes cantidades de jóvenes, sobre todo, se ven deslumbrados por el dinero y la posibilidad de adquirir satisfactores de forma inmediata y sin mucho esfuerzo, contrario a los escasos satisfactores que da la labor campesina. Esto es un atractivo para desquitarse de su pobreza infantil.
4) Ante un panorama donde la fuerza del Estado se encuentra en entredicho, lo más viable y factible nos dijo, era optar por el control del narcotráfico por sólo unas cuantas bandas, mediante una estrategia que las favoreciera y fortaleciera a fin de que se convirtieran en una barrera para los cientos de grupitos. Pero esto era como poner alguna parte del Estado mexicano a favor del narcotráfico.
5) Lo otro era optar por vivir una guerra entre pequeñas bandas de pequeños grupos de narcotraficantes que se iniciaron como narcomenudistas, pero posteriormente iban a pretender convertirse en grandes capos y cabezas de cartel. Esto orillaría a que como todos quieren crecer, comenzarían a asesinar a sus contrarios del mismo peso, para ascender en el escalafón entre los más hábiles para traficar y el país se convertiría en un campo de batalla del narcotráfico.Hoy que lo recuerdo, no sé si aquel personaje era realmente un estudioso profundo del tema, tampoco sé si ya tenía un diagnóstico preparado por alguien más, pero al escuchar cada día que en Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California o Baja California hubo equis cantidad de ejecutados, no me queda más que remitirme al inciso 5 en este comentario.¿Será que eso ocurre hoy? ¿Habrá una guerra de pequeños narcomenudistas que quieren ascender? Me parece que tenía y aún tiene la razón.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Imposición a la fuerza

A vuelapluma

Imposición a la fuerza

Renato Consuegra
(2006-02-13)
Publicado en el diario Rumbo de México

El perredista y presidente de la Comisión de Administración de la Asamblea Legislativa, Alberto Trejo, sabe muy bien que pocas posibilidades tiene la mayoría del órgano legislativo local de ganar el recurso de revisión en contra del amparo presentado y obtenido de manera definitiva por la integrante del Consejo de Información Pública del Distrito Federal (Consi), María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
Por el contrario, lo único que pretende es retrasar en la medida de lo posible, la entrada en vigor del Instituto de Transparencia e Información Pública del Distrito Federal, con el único fin de evitar que la ciudadanía conozca de las irregularidades de la administración local perredista antes de las elecciones del 2 de julio.
En septiembre pasado la ALDF reformó la ley de transparencia y acceso a la información pública en el Distrito Federal, con el fin de tender una trampa y deshacerse de las consejeras ciudadanas incómodas para la administración lopezobradorista, Pérez Jaén y Odette Rivas, estableciendo la remoción de los tres integrantes ciudadanos del consejo (el otro es el perredista Gustavo Velásquez), quienes en principio debían permanecer en el cargo hasta 2009.
Sólo que Pérez-Jaén se inconformó por esa decisión y a partir de ese momento empezó su lucha por ocupar uno de los cinco sitios en el nuevo instituto, pero se ha encontrado con una férrea oposición de la mayoría perredista en la ALDF.
De tal forma que Pérez-Jaén Zermeño presentó una solicitud de amparo al Poder Judicial de la Federación, la cual fue turnada al juez 11 de Distrito en Materia Administrativa, Humberto Suárez Camacho, quien de inmediato ordenó suspender provisionalmente la pretensión de sustituirla, y luego determinó otorgarle el amparo de manera definitiva.
Pero de forma curiosa, incluso refiriendo el caso a un partido de futbol donde dice que hay empate y van por el tercer round debido a que hace algunos días el juez decidió cancelar la suspensión definitiva a favor de la consejera, el diputado Trejo hizo una interpretación fantasiosa.
El asunto es que la suspensión definitiva es un acto que se sucede durante la tramitación de un amparo. Y el amparo en sí mismo o la sentencia de amparo, es la que pone fin al procedimiento de amparo, que revoca, confirma o modifica el acto combatido.
Es decir, la suspensión definitiva sólo suspende, pero no resuelve el fondo del asunto.
Y en este caso, sin duda, lo que determinó el juez fue cancelar una acción que para efectos legales ya no tiene validez, pues ya otorgó el amparo.
En esta confusión, Trejo Villafuerte dice que tiene margen para designar a los cinco comisionados del Instituto de Información antes del 31 de marzo, pese a sobre él pesa una advertencia de desacato.
Es decir, la práctica perredista de la imposición a la fuerza.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Complicidades de la SCJN

Publicada en el diario Rumbo de México

Como parece que a la mayoría de los medios de información les pasó de largo la consumación del fraude alrededor del Paraje San Juan, es preciso hacer varias aclaraciones de lo sucedido.
Hoy nos vamos a ocupar de lo que fue un proceso judicial plagado de irregularidades, pero, sobre todo, de incongruencias jurídicas cometidas principalmente por los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ejemplo, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, José Gabriel Clemente Rodríguez, admitió la demanda de amparo promovida por Arturo Arcipreste Nouvel, sin la acreditación de la propiedad de las 298 hectáreas cuyo pago reclamaba y con base sólo en un supuesto contrato privado de compraventa.
Además, en el contrato del 13 de noviembre de 1947, supuestamente, Fernando Arcipreste Pimentel (el abuelo de Enrique Arcipreste del Ábrego) compró para su hijo, Arturo Arcipreste Nouvel a pesar de que para esa fecha éste ya era mayor de edad y podía realizar la compra sin intervención de su progenitor, quien ya había perdido la patria potestad.
El sólo hecho de que la operación de compraventa fuera un contrato privado es nula de pleno derecho porque el código civil dispone que tratándose de bienes inmuebles, todas las operaciones relativas deben celebrarse en escritura pública notarial.
Luego, el vendedor Justino Granados jamás acreditó con ningún documento oficial ser el propietario del predio que se vendía.
La cuarta irregularidad es que en el supuesto contrato de compraventa no se precisaron las medidas y colindancias, como tampoco se especificó la superficie del terreno; además, el contrato de compraventa aparece supuestamente certificado por un Juez Mixto de Paz, que no tiene fe pública ni cuenta con facultades para certificar contratos.
Asimismo, la supuesta certificación del contrato de compraventa también carece de validez legal porque se realizó sin que estuviera presente el supuesto vendedor Justino Granados.
Pero lo más grave es que a pesar de que Enrique Arcipreste del Ábrego no demostró ser legítimo propietario del Paraje San Juan, el Juez le concedió el amparo para el efecto de que el Gobierno del Distrito Federal pagara una indemnización que Arcipreste valuó en 6 mil 905 millones, 528 mil 057 de pesos, puesto que reclamó 3 mil 048 millones por 298 hectáreas de terreno, más otros 3 mil 858 millones de pesos, por todas las construcciones existentes en el Paraje San Juan.
Habrase visto tal descaro como querer cobrar una indemnización por todas las casas y edificios que él no construyó, sino los ocupantes del predio.
De esta forma se tejió el fraude que pretendía ser de casi 7 millones de pesos, que posteriormente fue rebajado a un mil 810 millones de pesos y finalmente fue de 60.4 que deberemos de pagar todos los habitantes del Distrito Federal.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Fácil prometer

Publicado en el diario Rumbo de México

Ayer, el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a construir un nuevo aeropuerto internacional en Tizayuca, el cual estaría conectado a la ciudad de México por medio de un tren rápido.
Resulta fácil prometer y llevar a efecto proyectos, cuando éstos ya se encuentran encaminados y prácticamente listos para ser puestos en marcha. Tal es el caso de ese aeropuerto que probablemente llevará el nombre de Javier Rojo Gómez.
Quiero recordar en este espacio que desde julio de 2004 la paraestatal Compañía Aeroportuaria Hidalguense, ya tenía compradas el 98% de las mil 600 hectáreas del polígono donde se asentará la terminal aérea y le pararon para dejar el resto una vez aprobado definitivamente el proyecto.
El lugar está ubicado entre Zapotlán de Juárez, Téllez, Tizayuca y otras comunidades, con dos finalidades, a decir de personas cercanas al anteproyecto: La primera de ellas es de previsión, con el fin de regular el crecimiento del Valle Pachuca-Tizayuca, frente al desbordamiento previsto por la expulsión de grandes y medianas industrias de los municipios mexiquenses de Naucalpan y Tlalnepantla, principalmente.
La idea del plan es enfatizar la separación entre la mancha urbana de la Ciudad de México y la de la zona metropolitana de Pachuca, para evitar su absorción de forma desordenada como ha sucedido con algunos municipios conurbados y áreas metropolitanas de capitales cercanas, altamente vulnerables por sus condiciones adecuadas para la expansión urbana.
Aparejada con ésta intención, viene la segunda finalidad para la construcción del Aeropuerto en la zona Zapotlán de Juárez-Tizayuca, que es convertirlo en un proyecto ancla, a través de planes de desarrollo regional y municipal, que permitan el establecimiento de una zona industrial, con una alta capacidad de generación de empleos y un crecimiento ordenado de desarrollo sustentable en variados aspectos, como son la protección ecológica, la estructuración urbana, la producción agrícola e industrial, así como la creación de una mayor y mejor infraestructura carretera y ferroviaria.
Además de que a largo plazo este aeropuerto se puede convertir en un punto natural de distribución de carga para toda la zona central del país, ya que muy cerca, a unos kilómetros solamente, estará el entronque de la proyectada autopista que unirá a los puertos de Tuxpan en el Golfo de México y Manzanillo en el Pacífico.
En aquellos días estaban en marcha los trabajos de modernización del tramo Colonias-Santa Catarina, de la carretera federal México-Laredo, que forma parte del proyecto Regional Gran Visión, contemplado dentro del desarrollo aeroportuario.
En julio de 2004 sólo faltaba que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes oficializara el permiso o título de concesión a la Compañía Aeroportuaria Hidalguense, y que la Secretaría del Medio Ambiente otorgara el permiso de impacto ambiental.
Con la certidumbre de que la reserva territorial ya fue adquirida por el fideicomiso, y una vez recibidos tanto el título de concesión como el permiso de impacto ambiental, el otro paso importante del proceso era la convocatoria para promover la participación de la iniciativa privada nacional e internacional, con el fin de invertir en la construcción de la obra.
La idea era construir la etapa inicial de la terminal aérea de carga multimodal, que implica la edificación de una torre de control y el tendido de una pista, que oscilará entre cuatro y cuatro y medio kilómetros de longitud. Más adelante se haría la Terminal para pasajeros.
En fin, con el proyecto prácticamente hecho, es más fácil prometer.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Confusión

Publicada en el diario Rumbo de México

Ahora que Andrés Manuel López Obrador se calificó como “fundamentalmente cristiano” y que se destapó como un apasionado "de la vida y obra" de Jesucristo, el que, como él mismo, "fue perseguido en su tiempo, espiado por los poderosos de su época" y finalmente "crucificado”, ha logrado confundir a gran parte de la opinión pública y a muchos opinadores entre los que me encuentro.
Dijo también que es católico, cuando la gran mayoría de los textos escritos alrededor suyo lo sitúan dentro del cristianismo evangélico y otros como agnóstico.
Pero, sobre todo, crea confusión cuando adelanta que al menos dos hombres que estarán en su gabinete si sale vencedor dentro de 123 días, son plenamente identificados con los dos últimos presidentes priístas.
López Obrador dijo en el noticiario de Joaquín López Dóriga que tiene pensado habilitar como encargado de la política exterior de nuestro país nada más y nada menos que al filósofo y diplomático José María Pérez Gay.
Y que para hacerse cargo de la política interna de México ha pensado en Juan Ramón de la Fuente, al actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien hace poco más de seis años logró desactivar el paro estudiantil con la intervención de la Policía Federal Preventiva.
En este espacio se adelantó hace algunos meses el asunto de Juan Ramón de la Fuente, así como el de algunos otros probables integrantes del gabinete lopezobradorista, pero nunca la posibilidad de Pérez Gay.
El motivo es que de acuerdo a como se dieron las cosas en los meses anteriores, la apuesta era que Ernesto Zedillo y su equipo no sólo protegerían, sino que ayudarían técnica y económicamente la campaña de López Obrador, porque un triunfo de este tabasqueño era la única forma en que los priístas cercanos a Carlos Salinas no retornen al poder y cobren a Zedillo las afrentas contra quien le dejó el poder.
Y en la misma tesitura estaría obrando Vicente Fox, quien logró un acuerdo con Zedillo para llegar a la Presidencia y no investigarlo. Algo parecido parece suceder, al grado que López Obrador no se ha pronunciado sobre los negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún.
Pero la llegada de Pérez Gay como probable canciller no hace sino poner al famoso grupo Nexos en la puerta de entrada del, también probable, gobierno de López Obrador.
Para nadie es un secreto que este grupo se lanzó a participar muy de cerca en política desde la mitad del sexenio de Miguel de la Madrid y se convirtieron en los impulsores de la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, a cuyo gobierno prácticamente se adhirieron hasta ser conocidos como el grupo (A) Nexos.
De tal forma que hoy ya no se sabe con quién va a jugar López Obrador, si con Zedillo o con Salinas, aunque al parecer los grupos de poder están por encima de ambos y a los dos, y sus estructuras, los han puesto a las órdenes del tabasqueño.
Y por cierto, lo que no se nos puede pasar es la aparición en abril del libro del estadounidense George Grayson, catedrático de la Universidad William and Mary (Virginia, EEUU) y uno de los mexicanólogos más prestigiados, sobre el político tabasqueño titulado "El Mesías", apodo que por lo que vimos, se lo cree, y en serio.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Vuelta al pasado

Publicado en el diario Rumbo de México

Creí que los coordinadores de Comunicación Social o jefes de prensa que presionaban a los periodistas para que rectificaran sus escritos a modo de los personajes políticos y funcionarios, o para que dejaran de escribir sobre ciertos temas, ya se habían acabado tras la evolución del periodismo en los últimos años.
Sin embargo, el pasado jueves pude constatar que no es así.
Los amables lectores han seguido mis escritos en este espacio las dos últimas semanas, donde he abordado el tema de la presuntamente ilegal candidatura de Roberto Campa Cifrián en el partido Nueva Alianza.
La información fue verificada en la página Internet del partido, y de forma exclusiva fue publicado todo lo referente al reclamo de Pedro José Lamothe Cervera, así como sus escritos al presidente del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde, y la solicitud de información sobre la licencia no pedida a la Cámara de Diputados por parte del legislador Campa.
Pues resulta que el pasado jueves recibí una llamada de Héctor Gandini, quien ha pasado por varias oficinas de prensa de funcionarios priístas en el gobierno o en el partido.
Y palabras más, palabras menos, Gandini me comentó que se encontraba en Tijuana, que le habían dado a conocer el contenido de mi colaboración en Rumbo de México de aquel día, y que me llamaba para “señalarme” que su jefe Campa le dijo que la información aquí publicada estaba mal.
Comenzó a “explicarme” que el día 20 de diciembre del año pasado, en una sesión del Consejo Político de Nueva Alianza —seguramente en lo oscurito— los ahí presentes determinaron eliminar cuatro de los candados a la candidatura, entre ellos el de la solicitud de licencia para quien en su momento fuera legislador.
El problema es que si hubo tal modificación a la convocatoria, nunca nadie lo dio a conocer de manera pública. Mucho menos lo hicieron saber en su página Internet para que lo supieran todos los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República.
Y todavía más: tampoco fue puesto en los estrados en la sede del partido político, con el fin de que no fueran violentados los derechos político-electorales de ningún ciudadano que aspirara al cargo.
Según informó Gandini, nunca supo de esto porque acaba de incorporarse a la campaña de Campa. Sin embargo, y sin tener la información correspondiente, se aventuró a tratar de corregir unos datos que quien esto escribe corroboró antes de hacerlos públicos, precisamente para evitar cualquier tipo de reclamo o corrección.
De tal manera que, como en los años afortunadamente idos ya, todavía hay “jefes de prensa” que pretenden presionar a los periodistas con el fin de “cuidar” a sus jefes, aún a sabiendas de que aquellos actuaron mal y no tienen ningún dato firme que diga lo contrario.
Porque, por otro lado, saben que no tienen la razón. A Gandini se le ofreció el espacio para que hiciera la aclaración pertinente, como corresponde al derecho de réplica, y seguramente aún todavía lo está pensando.
Por lo pronto, a Campa eso de la candidatura se le está cebando, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve conforma a derecho, como lo ha hecho en la mayoría de sus decisiones en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Paraje San Juan

Publicada en el diario Rumbo de México

En una lucha en solitario, el abogado Felipe Mondragón Corella siempre declaró que hubo abandono completo del juicio y negligencia inexplicable en el caso del Paraje San Juan, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Mondragón Corella fue asesor jurídico del GDF en el año 2000, bajo la administración de Rosario Robles, y en agosto de ese año presentó una demanda de incidencia a fin de que no se pagara un centavo por el predio, cuyo reclamo inicial fue de alrededor de 7 mil millones de pesos.
Inexplicablemente, la “nueva administración” con el entonces Secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, y la consejera jurídica, María Estela Ríos González, nada hicieron y, por el contrario, en febrero de 2002 pagaron 31 millones de pesos a otro supuesto propietario del Paraje San Juan, Francisco Arteaga Aldana.
Nada cambió desde que Mondragón Corella dio a conocer que el gobierno de la ciudad no debía pagar indemnización a Enrique Arcipreste del Ábrego, luego de que el 5 de julio de 2002, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una ponencia del ministro Juan Silva Meza, determinó que se tenía que compensar al presunto propietario con mil 810 millones de pesos.
Aquella ocasión López Obrador y su área jurídica, como en la indemnización a Arteaga Aldana, no impugnaron la sentencia, la consintieron. Y por ello hubo críticas como la siguiente: “Cañonazo millonario a funcionarios del GDF”.
El 6 de diciembre de 2005 salió una nueva resolución que condenó al GDF a pagar ya no 7 mil millones ni mil 1810 millones por el Paraje San Juan, sino 60.4 millones y esta ocasión el gobierno de Alejandro Encinas tampoco impugnó.
Es de preguntarse por qué no lo hicieron, cuando en mayo de 2004 el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame salió a decir que encontró “de casualidad” que el Paraje San Juan nunca dejó de ser propiedad de la Nación. Entonces, ¿por qué el GDF deberá pagar por un predio que nunca pasó a posesión privada?
Además, cuando hay una prueba superviniente como esta, se debe meter al juicio. Pero en este caso, tanto López Obrador y su gobierno, como el de su sucesor, al parecer nunca integraron esto al expediente.
Asimismo, ¿cómo explicar que tanto los ministros de la SCJN, algunos juristas y personajes de la vida pública como Juan Ramón de la Fuente, en los momentos de mayor controversia por el litigio dijeran a los medios se tenía que pagar los mil 810 millones de pesos porque ya no había otro recurso legal más?
Es preciso también que explique López Obrador qué hizo con el título de propiedad que le envió Salazar Adame. ¿Porqué no defendió el juicio con ese documento?
Cómo explicar también que la SCJN, que debe defender las normas constitucionales, ordenara al GDF un término inconstitucional de 24 horas para pagar la indemnización de 60.4 millones de pesos, es decir que pidió al GDF violar la Constitución en el artículo 126, que dice que ninguna autoridad deberá efectuar un pago que no esté contemplado en el presupuesto.
Por más que los artículos 104, 105 y 107 de la Ley de Amparo dicen que las sentencias se deben cumplir en un plazo de 24 horas, esto no aplica cuando choca con la Constitución y concretamente con el 126, que tiene una jerarquía mayor que la Ley de Amparo.
De acuerdo con el abogado Mondragón Corella, hoy lo correcto es exigir al gobierno del Distrito Federal que demuestre haber solicitado el pago de la indemnización para el próximo ejercicio, pero, sobre todo, haber integrado al expediente el título de propiedad que le entregó la Secretaría de la Reforma Agraria porque, afirma, no se debe pegar nada en este caso y aún existen posibilidades de lograrlo.
Y si no fuera así, durante el litigio la cantidad ha bajado de casi 7 mil millones a mil 1810 y ahora a 60.4. Volver este caso parte de la anécdota como los funcionarios se enriquecen con ayuda de terceros, es cuestión de tiempo.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Fouché

Publicado en el diario Rumbo de México

Admiradora del político y estadista francés Joseph Fouché, Duque de Otranto, Elba Esther Gordillo siempre tiene una jugada bajo la manga que hace impredecible y sorpresiva su forma de hacer política, aunque sus movimientos tiendan hacia objetivos específicos.
Del político francés que ejerció su poder durante la Revolución Francesa y el imperio napoleónico, se dice que actuaba por detrás de la escena pública, que movía los hilos de la política con movimientos silenciosos, imperceptibles e inapreciables a simple vista.
Era una especie de mano que mueve la cuna.
De él se dice que apoyó con singular tesón el estallido de la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789; esto le permitió convertirse en un miembro de la Asamblea Nacional, adherido primero a los girondinos, grupo que formaba la mayoría en aquel cuerpo colegiado. Pero cuando el partido girondino fue perdiendo su hegemonía sobre el resto de los participantes políticos, principalmente a partir de la entrada de Robespierre en la convención, Fouché cambió de ideas y de actuar y fue desplazando sus preferencias hacia el lado más radical jacobino.
Aún hoy se le critica haber pasado de ser un monárquico moderado a uno de los jacobinos más radicales, convirtiéndose de esta forma en miembro del Comité de Instrucción Pública y en uno de los que más defendió y votó la ejecución del monarca Luis XVI.
Participante convencido en las campañas represivas en la provincia francesa, participó en el golpe de Estado que terminó con la dictadura de Robespierre, pero fue encarcelado con la llegada del Directorio.
Su habilidad política le permitió ser amnistiado y convertirse en agente diplomático del gobierno hasta llegar a ser nombrado Ministro de la Policía, desde donde colaboró para convertir a Napoleón Bonaparte en gobernador mediante un golpe de Estado.
A partir de allí fue parte importante en la caída de Napoleón, del retorno de los Borbones al poder y la restauración de la monarquía, hasta que falleció en el exilio en Trieste, Italia.
Bueno, este recuerdo del político francés viene a colación de que Gordillo es, sin duda, admiradora de él, al grado de que ha dado varios cursos sobre su obra, pero sobre todo, alrededor de su maestría para la operación política detrás del poder, al que, sin duda, llegó a manipular.
Y tiene que ver con la dirigente del magisterio porque Gordillo dio a conocer hace algunos días que a pesar de continuar en el PRI, no apoya la candidatura de Roberto Madrazo pero sí la de Roberto Campa, el candidato del partido que ella dirige a control remoto.
Pero no sólo eso, sino que muy claramente dijo que le gustaría ser amiga de Andrés Manuel López Obrador, a quien de acuerdo con algunas crónicas y notas periodísticas, describió como "un hombre que merece mis respetos, como político y por la gente que cree en él".
Luego de esto, creo que bien vale recordar a Fouché.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

La respuesta

Publicado en el diario Rumbo de México

Si bien en días pasados había escrito sobre la posibilidad de que la candidatura presidencial en el Partido Nueva Alianza fuera legalmente retirada a Roberto Campa Cifrián por una serie de irregularidades cometidas durante el proceso interno de selección, ayer que di a conocer la respuesta de la Cámara de Diputados sobre la ausencia de solicitud de licencia del todavía diputado federal independiente, surgió una serie de reclamos de personas, presuntamente simpatizantes de Campa, muy parecido al de quienes se inconforman diariamente por las críticas a Andrés Manuel López Obrador.
La señora Josefina Morales me trata de “servidor de Roberto Madrazo y su grupo secuaces al que únicamente le quiere hacer favores para acomodarse con ellos, como muchos otros periodistas”.
Antonio López de Doña Ana —así firma su correo electrónico— descalifica los escritos y se asume “seguidor de personas que han demostrado en su hacer en la vida política diaria, que sus convicciones y sus metas están por encima de los devaneos políticos y los intereses de unos cuantos por quitarlos del camino andado”.
Esta forma de descalificar una trabajo periodístico, sin embargo, me parece poca cosa frente a actos que pudieran rayar en la delincuencia organizada.
Tal es la agresión sufrida por Claudia González Toscano, colaboradora del doctor Pedro José Lamothe Cervera el pasado 25 de enero, cuando al salir de la Cámara de Diputados a donde había ido para recoger la contestación de la Mesa Directiva de ese órgano colegiado, fue golpeada por tres sujetos.
Resulta que José Antonio Pérez Martínez y Eduardo Giovanni Pineda López (el otro no pudo ser identificado), la siguieron hasta la calle de Eduardo Molina donde simularon un asalto.
Al pedir auxilio la mujer, corrieron y se metieron a la Cámara de Diputados hasta donde llegaron Claudia González Toscano y el policía preventivo. Ahí fueron detenidos los sujetos antedichos, y se levantó la denuncia de hechos que fue listada con el número FVC/VC-1/T2/00140/06-01.
Mal está la política si por asuntos como estos, quienes se sienten afectados utilizan a terceros para atemorizar a quienes los critican, pero, sobre todo, a quienes actúan en pleno uso de sus derechos políticos como ciudadanos que son.
No es la primera ocasión que quien esto escribe es receptor de descalificaciones o adjetivos por parte de lectores que se sienten agredidos por los comentarios. Pero cuando esto viene acompañado por una serie de acciones colaterales, dignas de la delincuencia organizada, es necesario ventilarlas porque no se pueden dejar de ejercer los derechos que a todos nos da la constitución simple y sencillamente porque un grupito siente amenazados sus intereses inmediatos.
Por lo pronto el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, presentado por Lamothe, ya se encuentra en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el número SUP-JDC-183/2006, siendo turnado al Magistrado Eloy Fuentes Cerda.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx.

Campa en riesgo

Publicado en el diario Rumbo de México

La Secretaría General de la Cámara de Diputados puso en un grave aprieto a Roberto Campa Cifrián y al Partido Nueva Alianza, mediante el cual coloca en grave riesgo la candidatura presidencial del diputado federal y la posibilidad de que en los siguientes días haya un nuevo abanderado aliancista.
Resulta que Pedro José Lamothe Cervera, de quien ya hemos escrito aquí en tres colaboraciones anteriores, solicitó el pasado 25 de enero a la Cámara de Diputados “informarme si tiene licencia el diputado Roberto Campa Cifrián (porque) de acuerdo con la convocatoria del Partido Nueva Alianza, uno de los requisitos es que, al momento de registrarse como precandidato, tenga licencia en el caso de que esté ocupando un puesto de elección popular”.
El pasado 27 de enero, el director de la unidad de enlace de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Enrique Sada Fernández, respondió a Lamothe Cervera y anexó el documento en el cual el secretario general, Guillermo Haro Belchez responde que “en los registros parlamentarios de esta Cámara de Diputados, el ciudadano Roberto Campa Cifrián, es Diputado Federal Propietario electo en la Cuarta Circunscripción Plurinominal (y) a la fecha, en el área parlamentaria no existe registro alguno, de solicitud de licencia para separarse del cargo”.
Fuentes internas del partido presidido por Miguel Ángel Jiménez Godínez y ahora Juan Díaz de la Torre, inconformes con lo que ha sucedido en el proceso de elección de su candidato presidencial, donde abundan muchas de las viejas prácticas de los partidos como el PRI o el mismo PRD —que a la postre son lo mismo— informaron a este espacio que la dirigencia contrató a un despacho de abogados electorales muy importante para contestar con una gran cantidad de información, y se presume que falsificaron documentos que les permitan salir del embrollo en el que están metidos.
Algunos puntos importantes de la respuesta al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano son, por ejemplo, que Campa se registró el viernes 6 de enero a las 9:45 horas, fuera del horario oficial de las oficinas administrativas del partido y, fuera también, de los horarios establecidos en la convocatoria, lo cual implicaría fortalecer la percepción de que todo lo sucedido alrededor de la convocatoria fue una farsa.
Además, existe la presunción de que en el alegato pretenden probar que se modificó la convocatoria con el fin de que no se requiriera la solicitud de licencia al cargo de Diputado Federal, con el fin de salvar el principal argumento del demandante, Pedro José Lamothe.
Sin embargo, es claro que aún después de la elección interna, la convocatoria aún seguía publicada en la Internet, y dentro de sus bases generales expresaba este requisito.
Mañana debe aparecer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano interpuesto por Lamothe, luego de que que estuvo en estrados del Instituto Federal Electoral durante 72 horas, entre el viernes y ayer martes.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx