Omisos y remisos

Publicada en el diario Rumbo de México

Hoy los candidatos y dirigentes de los partidos dicen espantarse del inmenso gasto que se realiza en las precampañas y las campañas político-electorales. Unos a otros se acusan y a la sociedad le señalan con el dedo quién o quiénes han sido más aventajados en lo que a derrochar dinero se refiere.
Sin embargo, en este juego perverso están los nuevos riesgos de la democracia electoral.
Porque sin duda, tales riesgos se deben a la falta de voluntad política de los legisladores de los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión, quienes en diciembre de 2003, recién estrenados ellos y también el nuevo IFE, legislaron para impedir la conformación de nuevos partidos políticos, pero no para limitarse ellos mismos el derroche de recursos que el Estado Mexicano podría canalizar para obras sociales o proyectos productivos.
Pretendieron evitar —en algunos casos con justa razón— la creación de partidos políticos de corte familiar, al duplicar prácticamente todos los requisitos para poder constituir un nuevo partido.
Pero, en cambio, como ellos ya están y tienen prácticamente segura su participación electoral y el goce de los recursos del Estado, no legislaron sobre el origen y la aplicación de los recursos en las —cada vez más largas—precampañas y campañas electorales.
De esta forma, como ya ha sucedido, superan con montos la mayoría de las veces insultantes para el general de los mexicanos, el límite máximo de gastos, pero todo lo arreglan con el pago de una multa, que surge del dinero que le dan los mismos mexicanos para su existencia.
De esta forma, no sólo se perdió en diciembre de 2003 la oportunidad de reducir los costos para el sistema político electoral mexicano, sino que se han generado importantes retrocesos al permitir la corrupción y la manipulación de los intereses, que se esconden atrás de las millonarias campañas mediáticas de los aspirantes presidenciales, poniendo en riesgo los tres puntales democráticos de las reformas electorales de 1996, a decir:
a) el predominio del financiamiento publico sobre las aportaciones privadas:
publico 90% y privado 10 %; b) la rendición de cuentas ante las autoridades electorales; y c) la equidad democrática en la contienda.
Ahora, entonces hay que preguntarle a esos legisladores, dirigentes de partidos y precandidatos que se quejan del gasto, por qué, como sucede siempre, en su oportunidad fueron omisos y remisos.

Plumazos

Otro que continúa haciendo promesas y propuestas a base de ocurrencias, como fue gran parte de su gobierno, es Andrés Manuel López Obrador. No hay duda que el Estado Mexicano tiene un deber con la población afectada por el huracán Stan. Pero de eso a que recursos que ya se encuentra etiquetados se desvíen, sólo muestra dos cosas: el desconocimiento de la normatividad presupuestal del gobierno mexicano y el autoritarismo para proponer o adoptar medidas por sobre los controles del Estado, para luego esconderlas debajo del tapete como hizo con el gastos para los distribuidores viales y segundo piso, recursos con los que seguramente, también, financia su “austera” campaña electoral. Seriedad, señores, si es que quieren gobernar al país.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx