Acuerdo, ¿con quién?

Publicada en el diario Rumbo de México

El jueves de la semana pasada en el Castillo de Chapultepec un grupo de intelectuales, científicos, deportistas, comunicadores, empresarios y líderes sindicales firmó el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo.
Un acto rimbombante. Fastuosidad en pleno. Buenos deseos. Mejores análisis de la situación actual del país. Planteamientos social, política y económicamente casi impecables, pero poco originales. Un coro de adulaciones y autocomplacencias de los citados a firmar, pero como en todo este tipo de documentos faltó lo más valioso: ¿cómo hacerlo?
Ahora que, quizá, haya una diferencia sustantiva con los acuerdos previos firmados tanto en el Castillo de Chapultepec, en la calle Galileo, el Museo Nacional de Antropología y otros lugares, pero con la misma intención que este. Hoy la convocatoria es de la llamada sociedad civil, que incluye a empresarios como el más rico de América Latina, Carlos Slim.
Pero, por lo demás, debemos preguntarnos si los empresarios, los principales impulsores del Acuerdo y dueños del poder económico, estarán dispuestos a dar un seguimiento riguroso a su propuesta.
Porque también habría que preguntar a los firmantes: ¿Con quién fue el Acuerdo? ¿Sólo entre ellos? ¿Después de las luces de las cámaras y las declaraciones, qué sigue?
Pero, sobre todo, ¿a quién obliga?
Porque hay quienes afirman que es una forma de presionar a los políticos para que hagan bien las cosas cuando se conviertan en gobernantes. Otros aseguran que es un mensaje para los actores políticos, que podrían verse rebasados por la sociedad civil.
Y a este respecto hay una pregunta obligada: ¿Estos actores de la sociedad civil no políticos, pero con enorme poder como son los empresarios, comunicadores y deportistas con poder de convocatoria, estarían dispuestos a jugársela y alentar una candidatura presidencial fuera de los cauces partidistas o impulsar a otro empleado de empresarios como Vicente Fox, y llevar al país a una mayor ingobernabilidad?
Otra pregunta es: ¿Qué tipo de condiciones pondrán a los políticos que con su dinero apoyen en las próximas campañas presidenciales, como ya lo han hecho con toda seguridad en las precampañas?
Pero, ante todo: ¿Estarán dispuestos a preservar el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, aún a costa de que sus ganancias se redujeran con el fin de dinamizar el mercado interno, la productividad y el nivel de ingresos de la mayoría de los mexicanos a los que, sin duda, ellos no pertenecen?
O lo harán los líderes sindicales, acostumbrados a firmar contratos de protección para las empresas, donde las jugosas ganancias no son para los trabajadores, sino para ellos que viven en la fastuosidad como lo hacían los romanos durante la gloria del imperio. Se podrá creer, por ejemplo, que Alfonso Ramírez Cuellar, quien entró a caballo a la Cámara de Diputados, pueda cumplir con un compromiso de respetar el Estado de Derecho?
Si este grupo de verdad desea que las cosas cambien en el país, que utilicen su poder de convocatoria y económico para obligar a los tres partidos políticos a firmar un Pacto, vinculatorio, con una agenda real que marque cómo hacer las cosas, y que se cumpla, gane quien gane las próximas elecciones.
Sólo así realmente podría tener sentido un llamado de estas características, porque hasta ahora estamos en lo dicho: ¿El Acuerdo con quién fue? ¿A quién obliga? ¿A partir de cuándo?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx