Felipe Calderón Hinojosa mostró la fuerza que tiene ya como candidato del PAN a la Presidencia de la República.
Con una declaración la víspera, paró en seco las reformas que darían autonomía al Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado de la recaudación de impuestos y una parte de las operaciones en las aduanas del país; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el órgano regulador y supervisor del sistema financiero; a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), regulador del sistema privado de pensiones, y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
La oportuna expresión del candidato del PAN, dijo él, fue una forma de evitar que el aspirante del PRD, Andrés Manuel López Obrador, se colgara del asunto como lo comenzó a hacer, al decir que con estas reformas no lo dejarían gobernar, sobre todo cuando ha expresado voluntad por investigar los delitos financieros cometidos en el pasado, lo mismo que la operación discrecional de los fideicomisos que maneja el gobierno federal, en los cuales se mueven recursos por casi 500 mil millones de pesos.
La postura del PRD es que las reformas pospuestas ayer por los panistas en la Cámara de Diputados, en el fondo pretenden mantener en posiciones claves a los personajes que garantizarán que en el siguiente sexenio no se investigue a los funcionarios que cometieron irregularidades, sean por comisión o por omisión.
Pero las declaraciones de Calderón también tienen un sentido político. Es cierto que no dejarían gobernar a López Obrador, como tampoco al propio Calderón en el caso de que llegara a la Presidencia de la República. Es decir, tampoco él quiere llegar atado de manos, por mucho que el PAN comparta proyectos con el PRI.
Sobre todo, porque Felipe Calderón ha dado muestras de no pertenecer al grupo político y financiero que actualmente se encuentra en el poder, y que mediante una serie de reformas ha conseguido mantener una línea respecto de las finanzas del país.
No es de gratis que Francisco Gil Díaz sea el Secretario de Hacienda y que el actual Gobierno de la República haya impulsado a la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a José Ángel Gurría Treviño, el funcionario mexicano que en diciembre de 1993, en una conversación con un grupo de inversionistas japoneses, les aseguró que sus recursos estaban garantizados en nuestro país porque ellos, ese grupo político-financiero, mantendrían el poder por 25 años más, es decir, el año que restaba del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y cuatro periodos más, y ya llevan dos.
Tampoco debemos olvidar que el mayor operador de blindajes financieros —incluido el suyo propio— fue quien operó los recursos entregados al equipo de Vicente Fox para el cambio de administración.
Así pues, las reformas financieras no tienen como único propósito parar las probables investigaciones en contra de algunos funcionarios que se habrían beneficiado o que beneficiaron a terceros en la administración de recursos, sino mantener el poder financiero para un grupo que supo vender sus servicios a las empresas transnacionales que invirtieron su dinero en México.
Con una declaración la víspera, paró en seco las reformas que darían autonomía al Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado de la recaudación de impuestos y una parte de las operaciones en las aduanas del país; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el órgano regulador y supervisor del sistema financiero; a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), regulador del sistema privado de pensiones, y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
La oportuna expresión del candidato del PAN, dijo él, fue una forma de evitar que el aspirante del PRD, Andrés Manuel López Obrador, se colgara del asunto como lo comenzó a hacer, al decir que con estas reformas no lo dejarían gobernar, sobre todo cuando ha expresado voluntad por investigar los delitos financieros cometidos en el pasado, lo mismo que la operación discrecional de los fideicomisos que maneja el gobierno federal, en los cuales se mueven recursos por casi 500 mil millones de pesos.
La postura del PRD es que las reformas pospuestas ayer por los panistas en la Cámara de Diputados, en el fondo pretenden mantener en posiciones claves a los personajes que garantizarán que en el siguiente sexenio no se investigue a los funcionarios que cometieron irregularidades, sean por comisión o por omisión.
Pero las declaraciones de Calderón también tienen un sentido político. Es cierto que no dejarían gobernar a López Obrador, como tampoco al propio Calderón en el caso de que llegara a la Presidencia de la República. Es decir, tampoco él quiere llegar atado de manos, por mucho que el PAN comparta proyectos con el PRI.
Sobre todo, porque Felipe Calderón ha dado muestras de no pertenecer al grupo político y financiero que actualmente se encuentra en el poder, y que mediante una serie de reformas ha conseguido mantener una línea respecto de las finanzas del país.
No es de gratis que Francisco Gil Díaz sea el Secretario de Hacienda y que el actual Gobierno de la República haya impulsado a la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a José Ángel Gurría Treviño, el funcionario mexicano que en diciembre de 1993, en una conversación con un grupo de inversionistas japoneses, les aseguró que sus recursos estaban garantizados en nuestro país porque ellos, ese grupo político-financiero, mantendrían el poder por 25 años más, es decir, el año que restaba del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y cuatro periodos más, y ya llevan dos.
Tampoco debemos olvidar que el mayor operador de blindajes financieros —incluido el suyo propio— fue quien operó los recursos entregados al equipo de Vicente Fox para el cambio de administración.
Así pues, las reformas financieras no tienen como único propósito parar las probables investigaciones en contra de algunos funcionarios que se habrían beneficiado o que beneficiaron a terceros en la administración de recursos, sino mantener el poder financiero para un grupo que supo vender sus servicios a las empresas transnacionales que invirtieron su dinero en México.
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