Policías y militares, ¿servidores públicos?

Lo que ha quedado claro —una vez más— con el video exhibido por el diario The Dallas Morning News en los Estados Unidos y El Universal en este país, es la rivalidad entre grupos de “servidores públicos” por mejor servir a los capos del narcotráfico mexicano e internacional.
Muchas voces de la política, de la sociedad y de la prensa, entre otros, alertaron la década pasada sobre el grave error de meter a los integrantes del Ejército mexicano a realizar labores de combate al narcotráfico.
Se van a contaminar como ya sucedió con los policías civiles que pertenecían, en aquel entonces, a la Policía Judicial Federal, a las judiciales o ministeriales en los estados e, incluso, las policías preventivas de los municipios, fue la advertencia.
La respuesta de los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Gobernación y de la propia Presidencia de la República, a las advertencias fue de rechazo o simplemente de descalificación.
A la PGR comenzaron a llegar militares como cabezas del combate al narcotráfico, como el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, actualmente en proceso penal militar por la presunta protección que dio al jefe del cártel de Ciudad Juárez, Amado Carrillo.
A la vez, infinidad de policías civiles desplazados de sus cargos, pasaron a formar parte de los grupos que operaron el narcotráfico, algunos de ellos llegaron a convertirse en jefes o capos como Rafael Aguilar Guajardo o Guillermo González Calderoni, por citar a los más célebres.
Sin embargo, de nuevo hubo otro cambio en la estructura de los cuerpos de combate al narcotráfico, cuando desde el Ejecutivo Federal volvió a darse fuerza a la policía investigadora y entonces los miembros del poco afortunado Instituto Nacional de Combate a las Drogas, del Centro de Combate a las Drogas y de otros como los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFE’s), fueron desplazados y se convirtieron en sicarios del narcotráfico.
Hoy, con el escándalo de los videos es claro que la nueva policía investigadora de la que presume el gobierno de Vicente Fox y que fue la capa con la que se cobijó el general Rafael Macedo de la Concha, igualitos que el FBI o Scotland Yard, decían los spots en radio y televisión, está igual o peor que la desaparecida Policía Judicial Federal.
Pero, sobre todo, nos refleja una gran disputa entre los diferentes grupos de funcionarios involucrados en lo que presumiblemente es el combate al narcotráfico, pero que nos hace ver que es un combate por proteger a determinados grupos.
Y en esta disputa están involucrados actualmente dos funcionarios de la Procuraduría General de la República: José Luis Santiago Vasconcelos, el todopoderoso subprocurador que ha acudido a todas las mañas para mantenerse en el cargo a pesar de sus constantes errores y maniobras; y en el otro extremo, Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y jefe de los policías ligados al narco que habrían ejecutado en Acapulco a Los Zetas.
Hay que recordar que Santiago Vasconcelos tuvo a su cargo la investigación desde mayo pasado y en algún momento de la cinta fue relacionado, junto con Rafael Macedo de la Concha, con el cártel del Golfo, motivo por el cuál no se explica por qué razón no se excusó de continuar la investigación que, seguramente, conocía a fondo.
La pregunta ante este panorama es, entonces, son los policías y militares, ¿servidores públicos?